Buenos días a todas y todos,

Saludo primero que nada a nuestro anfitrión, al embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de esta Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel, un gran aliado y ha sido precursor e impulsor de estas causas desde hace ya algunos años, así que qué bueno que estás con nosotros embajador y qué bueno que podemos usar esta sede.

Saludo a la diputada Yolanda de la Torre,Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, aprecio profundamente diputada sus palabras y no sólo las aprecio, las tomo con profundo compromiso, porque lo dijiste muy bien, 10 meses, que para algunos pareciera que ya son pocos, que ya son la terminación o las entregas, para los que estamos aquí, el Legislativo, el Ejecutivo, 10 meses es lo que tenemos para hacer la realidad que nosotros creemos;

Licenciado Ricardo Bucio, presidente del Consejo nacional para prevenir la Discriminación, gracias por siempre hacernos parte de esto;

Licenciado.. para el desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad, por supuesto ya lo dijo, tenemos pendientes, hemos estado trabajando y trabajando en los pendientes, estamos claros, estamos ciertos, tenemos pendientes en el reglamento, en nuestra sede digna y como se merece y tenemos pendientes de cómo vamos a dividir la agenda de temas de atención y temas integrales, transversales e intersectoriales y en ese sentido estamos trabajando profundamente y estamos convencidos que en 10 meses vamos atener un gran avance.

Quiero retomar algo que decía mi amigo Francisco, esto es un continuo y así lo tenemos que ver, en 2004 cuando se empezó a discutir la convención, en 2004, estamos hablando de ocho años, cuando se empezó a discutir la convención, en Naciones Unidas no había rampas,creo que lo tenemos que ver como un continuo y tenemos la responsabilidad de ver esto no como un estadío finito y estar muy claros en qué nos toca a nosotros en cada momento para construir, hoy tenemos una gran base y nos toca seguir acrecentado eso que ya se ha logrado.

Agradezco a los representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector académico involucradas en los temas de no discriminación y personas con discapacidad

En primer lugar, quiero destacar el esfuerzo que realizó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM para que tengamos información oportuna y confiable de la percepción, prácticas y contexto sociocultural en que se presenta la discriminación que desafortunadamente prevalece en nuestro país. Es necesario conocer esta información para que Sociedad y Gobierno realicen las acciones necesarias que nos corresponden para evitar, y sobre todo, erradicar estas reprobables prácticas y construir una nueva cultura de no discriminación, inclusión y desarrollo hacia una sociedad más democrática e incluyente.

Por ello celebro que se esté explorando esta Encuesta por cada grupo específico de población, toda vez que la información desagregada nos permite profundizar en el diagnóstico y asertividad del tipo de políticas que debemos instrumentar para enfrentar con éxito los retos que la discriminación nos plantea para lograr el ejercicio efectivo de los derechos de cada grupo de población, en particular de aquéllos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como el que hoy nos ocupa.

No se puede mejorar, no se puede cambiar lo que no se mide, lo que no se evalúa, a partir de la encuesta el tema debe de concretarse en las herramientas y en la política pública para cambiar lo que se encuentre, lo que se especifique.

Por eso los resultados de esta encuesta sobre discriminación en su capítulo de personas con discapacidad que acabamos de conocersin duda nos pueden motivar sorpresa, suspicacia, indignación, preocupación y hasta, en algunos casos, incomodidad y asaltos a la conciencia individual y colectiva.

Sin embargo, su relevancia, como mencioné, radica en encontrar la utilidad de la información que arroja para la adopción de políticas públicas transversales, que sean sensibles a las desigualdades y eficaces para reducir las brechas y derribar las barreras que obstaculizan el desarrollo con justicia, igualdad y ejercicio pleno de sus derechos, sin restricciones de ninguna índole.

Su importancia debe medirse también por las acciones a las que como sociedad nos obligan los cambios cotidianos de nuestras concepciones, en el trato hacia otras personas, en la toma de conciencia sobre nuestros derechos, en el empoderamiento de todas las personas como protagonistas de su propio desarrollo, en el valor de la diversidad y en la relevancia de una sociedad incluyente.

Como lo establece el artículo 8 de la convención sobre los DerechosHumanos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país, es obligación del Estado Mexicano tomar las medidas efectivas y pertinentes para:

Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;

Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, y promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.

Las prácticas de exclusión no se derivan de la condición particular de la persona, sino del orden social que asume una “normalidad” excluyente de por sí, ya que sólo posibilita el ejercicio de los derechos y el acceso a las oportunidades para las personas que cumplen con sus estándares y exigen esfuerzos extraordinarios para quienes no los cumplen, a fin de que puedan participar de alguna forma de manera efectivaen la sociedad.

De esta manera, las instituciones, la infraestructura, el transporte, la información, los medios de comunicación, la educación, el empleo, los eventos culturales, entre otras muchas actividades de la vida social, no están pensadas, en la mayoría de los casos, para que las personas con discapacidad gocen de ellas de manera independiente.

El principal problema radica, entonces, no en las limitaciones estructurales o funcionales que pueda tener una persona; el problema radica en que la sociedad, la cultura, la forma en que concebimos el mundo no da cabida plena a las personas con discapacidad, generando de esta manera que sistemáticamente se violen los derechos de esta población.

Por ello, es de suma relevancia colocar en la agenda social y gubernamental acciones que promuevan la inclusión, a efecto de transformar el entorno social: la cultura, las instituciones, los procesos, la infraestructura, los servicios, las formas de comunicación, los mecanismos para acceder a la información, las calles, los señalamientos, el marco legal, las alternativas de participación política, los criterios para la selección de personal, la educación, los instrumentos de impartición de justicia, entre otros muchos aspectos, para lograr realmente una sociedad incluyente.

Nuestra meta es construir una sociedad de este tipo, incluyente, que reconozca y aprecie la diversidad de sus integrantes y que se transforme cada día para garantizar que cada persona en su diferencia encuentre alternativas de desarrollo, crecimiento y participación social plenas.

Esto conlleva la corresponsabilidad de los gobiernos, el poder legislativo, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores empresarial y académico, las familias, y la sociedad en su conjunto. Se trata de contribuir cada quien en su entorno y en cambiar concepciones, actitudes y prácticas excluyentes para construir una sociedad en la que todas las personas sean sujetas de los mismos derechos.

En particular, me quiero referir a uno de los principales cambios que debemos realizar como sociedad, y sobre todo los que participamos en la toma de decisiones públicas, que es el cambio de percepción de la persona con discapacidad como un problema de salud a una visión más integral de sus necesidades y satisfactores como sujeto de derecho y protagonistas de su propio desarrollo, como nos señala la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

Históricamente se ha identificado a las personas con discapacidad bajo el paradigma médico o asistencial, que se basa en la atención de las personas que viven esta condición a través de tratamientos médicos para ser “curados” y rehabilitados; asimismo, se entiende a la persona con discapacidad como objeto de análisis clínico, de cuidado médico o de caridad, alejándose de la idea de la persona como un sujeto titular de derechos, fragmentando así su integralidad.

Es de esta manera que la salud adquiere una dimensión distinta, es un derecho más que deberá garantizarse, y se reconoce que tener una buena salud es de suma importancia para el desarrollo integral y la participación de las personas con y sin discapacidad en una amplia gama de actividades, como en las educativas y laborales.

Por lo anterior, la Convención y la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establecen el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Específicamente el artículo 4 de la Ley establece que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción alguna que atente contra su dignidad.

Señala que las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Finalmente, este artículo determina que la Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad.

En este sentido, será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad en grado severo, las que viven en el área rural, o bien, quienes no pueden representarse a sí mismas. Esto nos lo ha instruido el Presidente Felipe Calderón y en esto estamos trabajando.

Esta nueva Ley coloca a México en el camino correcto para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al dotar de un mejor marco legal e institucional para promover y coordinar las políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y el impulso de su inclusión y desarrollo.

Por lo que los resultados de esta Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación en materia de las personas con discapacidad, en el paradigma y reconocimiento legal de sus derechos humanos, nos conminan, como sociedad y autoridades, a rescatar las capacidades de las personas en lugar de acentuar sus discapacidades, a buscar la rehabilitación no de una persona, sino de una sociedad que está dispuesta a hacer frente a las necesidades de todas sus personas, que aboga por que existan las mismas oportunidades de desarrollo y en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.

Por lo tanto, promover el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad y eliminar las barreras creadas socialmente que impiden a estas personas gozar de sus derechos civiles, culturales, políticos, sociales, económicos, entre otros, es esencial para el desarrollo de un México incluyente.

Muchas gracias.

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