PROGRAMA
Nacional de Protección Civil 2001-2006.
PROGRAMA
NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2001-2006
Índice
Capítulos
1. Introducción
2. Marco Jurídico
2.1 Legislación Federal
2.2 Legislación Estatal
2.3 Reglamentos
2.4 Normas
2.5 Decretos, Acuerdos y Convenios Nacionales
2.6 Decretos, Acuerdos y Convenios Internacionales
2.7 Programas
3. Marco General
4. Diagnóstico
4.1 De las Condiciones de Riesgo del País
4.1.1 Fenómenos Geológicos
4.1.2 Fenómenos Hidrometeorológicos
4.1.3 Fenómenos Químicos y
Ambientales
4.1.4 Fenómenos
Socio-Organizativos
4.1.5 Impacto de los Desastres en
el Desarrollo Socioeconómico
4.2 De la Situación del Sistema Nacional de Protección Civil
4.2.1 Ley General de Protección
Civil
4.2.2 Financiamiento de la
Protección Civil
4.2.3 Investigación y Desarrollo
Tecnológico
4.2.4 Educación, Capacitación y
Adiestramiento para la Protección Civil
4.2.5 Información, Difusión y
Divulgación para la Protección Civil
4.2.6 Participación Social en la
Protección Civil:
Grupos Voluntarios, Vecinales y No
Gubernamentales
4.2.7 Concertación y Coordinación
de Acciones
4.2.8 Intercambio Internacional
5. ¿A dónde queremos llegar?
Retos y Visión del Sistema Nacional de
Protección Civil
6. Código de Ética del Sistema Nacional de Protección Civil
7. Objetivos
8. Estrategias Sectoriales y Líneas de Acción
8.1 Mejorar la Eficacia Preventiva y Operativa del Sistema Nacional de
Protección Civil, y Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil
8.2 Identificar y Mejorar el Conocimiento de Amenazas y Riesgos
8.3 Promover la Reducción de la Vulnerabilidad Física
8.4 Fomentar la Corresponsabilidad, Coordinación y Comunicación entre: los
Tres Órdenes de Gobierno, Sectores Social y Privado y Población en General
8.5 Fortalecer la Investigación Aplicada. Desarrollar o Mejorar la
Tecnología para la Mitigación y Recuperación
8.6 Implantar una Política y Cultura de Autoprotección
8.7 Desarrollar y Procurar Apoyos Técnicos y Financieros para la Mitigación
y Recuperación
8.8 Ejercer los Recursos del FONDEN Procurando dar Atención a los Grupos más
Vulnerables de la Población
9. Financiamiento y Evaluación del Programa Nacional de Protección
Civil 2001-2006
1. Introducción
El
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como la estrategia central en
materia de protección civil: Transitar
de un sistema de protección civil reactivo a uno preventivo con la
corresponsabilidad y participación de los tres órdenes de gobierno, población y
sectores social y privado.[1] Lo cual da la dimensión de la importancia que
se reconoce en este instrumento central de planeación, en esta política
pública.
Así,
la política pública de protección civil considera e incorpora entre sus
finalidades primordiales, la sensibilización de la población sobre los riesgos
que representan los peligros naturales, tecnológicos y ambientales para la
sociedad moderna; el firme compromiso de las autoridades públicas de reducir
los riesgos que afectan el sustento y la infraestructura social y económica de
la población y los recursos naturales; la participación ciudadana en todos los
niveles de ejecución para crear comunidades capaces de resistir a los desastres
mediante una acción más solidaria; la reducción de las pérdidas económicas y
sociales causadas por los desastres.
Ante
estos retos, la política pública de protección civil tiene las siguientes
características:
a) Un contenido que hace explícitos los
resultados o productos a obtener.
b) Un programa que articula los actos; una
estructura relativamente permanente de referencia y orientación, que indique
las intenciones generales de las autoridades.
c) Una orientación normativa para que guíe las
decisiones que la autoridad voluntariamente o bajo el peso de las
circunstancias, debe asumir.
d) Una competencia social, que identifica a los
individuos, grupos e instituciones que componen el campo de la acción
gubernamental.
Por
lo anterior, la política pública de protección civil -entre otros objetivos-
debe privilegiar el estímulo a la investigación, aplicación y transferencia de
conocimientos y experiencias. La creación de capacidades y asignación de
recursos necesarios que permitan prevenir o reducir los efectos más impactantes
y recurrentes de los riesgos para las poblaciones con mayor vulnerabilidad.
Asimismo,
debe incrementar las oportunidades para propiciar mayores contribuciones
científicas y tecnológicas al proceso público de toma de decisiones en materia
de prevención de riesgos y desastres, dinamizando la interactuación entre la
gestión de los recursos y las prácticas de reducción del riesgo.
En
tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas a la conclusión del Decenio
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, propuso entre otras
acciones la creación de una Red Institucional Mundial dedicada a hacer de la prevención
de riesgos y desastres un valor público; establecer vínculos entre la
prevención de riesgos y la competitividad económica; realizar evaluaciones
completas de riesgos e integrarlas en los planes de desarrollo; y formular y
aplicar estrategias de reducción del riesgo mediante la concertación de
acuerdos y recursos complementarios para la prevención de desastres.
Sin
embargo, las definiciones teóricas no siempre son fáciles de llevar a la
práctica cuando se deben afrontar situaciones concretas como las catástrofes,
especialmente ante lo inesperado y violento de los desastres, pero su estudio
puede constituir una vía de acceso al análisis de las relaciones
estado-sociedad, frente a cuestiones socialmente problematizadas.
El
presente documento no es, ni pretende ser un análisis exhaustivo del avance del
Sistema Nacional de Protección Civil, como conjunto de organismos, funciones y
relaciones, ni de la protección civil mexicana como política pública,
especialmente si se sumara el cúmulo de acciones y aportaciones individuales y
colectivas que han realizado todas las personas que, durante la existencia del
Sistema Nacional, han entregado su esfuerzo, su experiencia y sus puntos de
vista al avance del mismo.
Busca
reconocer sus fortalezas, debilidades y potencialidades así como sus
limitaciones; y en consecuencia, delinear y dejar establecidos los objetivos,
estrategias y líneas de acción a desarrollar durante la presente
administración, en seguimiento a lo establecido por el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, en estricto apego a lo estipulado por el marco jurídico
aplicable.
2. Marco Jurídico
El
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el Estado tiene la rectoría del desarrollo integral y sustentable
de la Nación, que fortalece la soberanía y régimen democrático; además,
mediante el crecimiento económico, permite el ejercicio y la dignidad de los
individuos y grupos sociales, cuya seguridad protege la misma Constitución,
confiriendo al Estado la planeación, conducción y orientación de la actividad
económica nacional.
En este sentido, el artículo 26
Constitucional señala que el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización
política, social y cultural. Estableciendo además que los programas de la
Administración Pública Federal se sujetarán obligatoriamente al Plan Nacional
de Desarrollo correspondiente.
En la Ley de Planeación se establecen las
normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las
actividades de la Administración Pública Federal.
Se entiende por Planeación Nacional del
Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base al
ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y
promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como
propósito la transformación de la realidad del país.
La misma ley, en su artículo noveno
contempla que las dependencias de la Administración Pública Centralizada
deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y
prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo.
En este sentido, corresponde a las
dependencias de la Administración Pública Federal elaborar Programas
Sectoriales que cubrirán de manera detallada el plan de acción del Ejecutivo
Federal, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del
sector y los gobiernos de los Estados, así como las opiniones de los grupos
sociales interesados.
Conforme a su Reglamento Interior, la
Secretaría de Gobernación conducirá sus actividades conforme a los objetivos,
estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de
Planeación y a las políticas y programas que determine el Presidente de la
República.
Así, con fundamento en lo anterior, se
integra el Programa Nacional de Protección Civil; el cual, de acuerdo con el
artículo 26 de la Ley General de Protección Civil, es el conjunto de objetivos,
políticas, estrategias, líneas de acción y metas para cumplir con el objetivo
del Sistema Nacional de Protección Civil, según lo dispuesto por la Ley de
Planeación.
Este Programa constituye el instrumento
rector del Sistema Nacional de Protección Civil y especifica los objetivos,
estrategias y líneas de acción con un horizonte de planeación de seis años, los
cuales se complementan con el marco normativo que a continuación se relaciona.
2.1
Legislación Federal
Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006.
Ley General de Protección
Civil, publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el 12 de mayo de 2000.
Ley General de Población,
publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 7 de enero de 1974.
Ley de Responsabilidad
Civil por Daños Nucleares, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1974.
Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31
de diciembre de 1982.
Ley de Planeación,
publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 5 de enero de 1983.
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 1988 y sus
reformas, adiciones y derogaciones publicadas el 13 de diciembre de 1996.
Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 1976 y sus
reformas.
2.2
Legislación Estatal
Ley de Protección Civil de
Aguascalientes, publicada mediante Decreto número 37 en el Periódico Oficial,
el 25 de julio de 1999.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Baja California, publicada mediante Decreto sin número en el
Periódico Oficial, el 16 de enero de 1998.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Baja California Sur, publicada mediante Decreto número 1086
en el Boletín Oficial, el 15 de mayo de 1996.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Campeche, publicada mediante Decreto número 172 en el
Periódico Oficial, el 16 de julio de 1996.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Coahuila, publicada mediante Decreto número 268 en el
Periódico Oficial, el 11 de junio de 1996 y su reforma publicada el 14 de marzo
de 2001.
Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil de Colima, publicada mediante Decreto número 55 en el
Periódico Oficial, el 23 de mayo de 1992.
Ley de Protección Civil del
Estado de Chiapas, publicada mediante Decreto número 146 en el Periódico
Oficial, el 5 de febrero de 1997.
Ley de Protección Civil de
Chihuahua, publicada mediante Decreto número 220/96 II P. O. publicada en el
Periódico Oficial, el 19 de junio de 1996.
Ley de Protección Civil del
Distrito Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 2 de febrero de 1996 y en la Gaceta Oficial
del D.F., el 10 de enero de 1996 y su reforma publicada el 29 de diciembre de
1998.
Ley de Protección Civil de
Durango, publicada mediante Decreto número 161 en el Periódico Oficial, el 17
de noviembre de 1996.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Guanajuato, publicada mediante Decreto número 394 en el
Periódico Oficial, el 24 de octubre de 1997.
Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil de Guerrero, publicada mediante Decreto sin número en el
Periódico Oficial, el 18 de agosto de 1992.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Hidalgo. Aprobada por el H. Congreso del Estado, el 26 de
julio de 2001 (pendiente de publicación en el Periódico Oficial del Estado).
Ley de Protección Civil del
Estado de Jalisco, publicada mediante Decreto número 15095 en el Periódico
Oficial, el 10 de julio de 1993.
Ley de Protección Civil del
Estado de México, publicada mediante Decreto número 17 en la Gaceta del
Gobierno, el 1o. de febrero de 1994.
Ley de Protección Civil de
Michoacán, publicada mediante Decreto número 61 en el Periódico Oficial, el 23
de diciembre de 1993.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Morelos, publicada mediante Decreto sin número en el
Periódico Oficial, el 16 de junio de 1993.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Nayarit, publicada mediante Decreto número 7827 en el Periódico
Oficial, el 24 de diciembre de 1994.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Nuevo León, publicada mediante Decreto número 359 en el
Periódico Oficial, el 22 de enero de 1997.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto número 308 en el Periódico
Oficial, el 30 de junio de 1999.
Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil de Puebla, publicada mediante Decreto sin número en el
Periódico Oficial, el 18 de diciembre de 1992.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Querétaro, publicada mediante Decreto sin número en el
Periódico Oficial, el 3 de diciembre de 1992.
Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo, publicada mediante Decreto número 106 en el
Periódico Oficial, el 30 de noviembre de 1992.
Ley de Protección Civil del
Estado de San Luis Potosí, publicada mediante Decreto número 153 en el
Periódico Oficial, el 27 de junio de 1998.
Ley de Protección Civil del
Estado de Sinaloa, publicada en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado de
Sinaloa, mediante Decreto No. 592, el 30 de julio de 2001.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Sonora, publicada como Ley número 298 en el Boletín Oficial,
el 19 de julio de 1993.
Ley de Protección Civil del
Estado de Tabasco, publicada mediante Decreto número 113 en el Periódico
Oficial, el 19 de diciembre de 1998.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Tamaulipas, publicada mediante Decreto número 24 en el
Periódico Oficial, el 28 de abril de 1993.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Tlaxcala, publicada mediante Decreto No. 125 en el Diario
Oficial del Estado, el 29 de agosto de 2001.
Ley de Protección Civil
para el Estado de Veracruz, publicada como Ley número 92 en la Gaceta Oficial,
el 29 de julio de 1995.
Ley de Protección Civil del
Estado de Yucatán, publicada mediante Decreto número 213 en el Diario Oficial,
el 16 de agosto de 1999.
Ley de Protección Civil del
Estado de Zacatecas, publicada mediante Decreto número 111, en el Periódico
Oficial, el 1o. de enero de 2000.
2.3
Reglamentos
Reglamento de la Ley
General de Población, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 14 de abril de 2000.
Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1998.
Reglamentos Interiores de
las Dependencias de la Administración Pública Federal, que incorporan la
materia de Protección Civil.
Reglamento para el
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7
de abril de 1993.
Reglamento de la Ley de
Protección Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del
Estado, el 14 de julio de 1993.
Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 21
de enero de 1997.
Reglamento del Consejo
Estatal de Protección Civil de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial, el
20 de julio de 1992.
Reglamento del Consejo
Estatal de Protección Civil de Morelos, publicado en el Periódico Oficial, el
26 de febrero de 1992.
Reglamento Interno de la
Secretaría de Gobierno y Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de
México, publicados en el Periódico Oficial, el 12 de mayo de 1992 y el 2 de
mayo de 1994 respectivamente.
Reglamento del Sistema
Municipal de Protección Civil de Guaymas de Zaragoza, Sonora, publicado en el
Boletín Oficial, el 21 de diciembre de 1992.
Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de Durango, Durango, publicado el 19 de diciembre de
1994.
Bando de Policía y Buen
Gobierno de los 122 Municipios del Estado de México, publicado el 5 de febrero
de 1995.
Reglamento de la Ley de
Protección Civil para el Distrito Federal, publicado el 18 de octubre de 1996,
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Reglamento de la Ley de
Protección Civil del Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el 11 de mayo de 1997.
Reglamento Interno del
Consejo de Protección Civil del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 6 de agosto de 1997.
Reglamento de Operación del
Sistema Estatal de Protección Civil de Nuevo León, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 27 de agosto de 1997.
Reglamento de la Ley del
Sistema Estatal de Protección Civil para el Estado de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el 1o. de julio de 1998.
2.4 Normas
Norma Mexicana
NMX-S-017-1996-SCFI, Señales y Avisos para Protección Civil. Colores, Formas y
Símbolos a Utilizar (cancela a la NOM-S-PC-001-1992), cuya declaratoria de
vigencia fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 16 de mayo de 1997.
Norma Oficial Mexicana
NOM-026-STPS-1997, Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e Identificación
de Riesgos por Fluidos Conducidos por Tuberías (en proceso de publicación en el
Diario Oficial de la Federación).
Términos de referencia para
la elaboración de programas internos de protección civil en el Distrito
Federal, publicado el 9 de septiembre de 1998, en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.
Comité Consultivo Nacional
de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación,
el 3 de agosto de 2001.
2.5 Decretos, Acuerdos y
Convenios Nacionales
Decreto por el que se
aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección
Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas contienen, publicado en
el Diario Oficial de la Federación,
el 6 de mayo de 1986.
Decreto por el que se crea
el Consejo Estatal de Protección Civil como un Órgano Auxiliar de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, el 20 de septiembre
de 1986.
Convenio de Colaboración
para el Desarrollo de las Actividades del Centro Nacional de Prevención de
Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación y la Universidad Nacional
Autónoma de México, firmado en México, D.F., el 18 de septiembre de 1989.
Decreto por el que se crea
el Consejo Nacional de Protección Civil como Órgano Consultivo de Coordinación
de Acciones y de Participación Social en la Planeación de la Protección Civil,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 11 de mayo de 1990.
Convenio de Concertación
para la Prevención y Auxilio en Caso de Desastre, que celebran por una parte el
Departamento del Distrito Federal y por la otra la Secretaría de Gobernación,
el 19 de septiembre de 1990.
Convenio para la Creación
de los Subcomités de Prevención y Verificación de Seguridad en la Distribución
de Gas, como parte de los Comités Ciudadanos de Información y Apoyo para Casos
de Prevención y Atención de Riesgo Ambiental, suscrito en México, D.F., el 8 de
mayo de 1992.
Convenio de Coordinación de
Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres que celebran
la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de la Industria Química
(ANIQ), el 25 de mayo de 1993.
Convenio de Coordinación de
Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres que celebran
la Secretaría de Gobernación y la Cruz Roja Mexicana (CRM), el 26 de mayo de
1993.
Convenio de Coordinación de
Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres que celebran
la Secretaría de Gobernación y la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA), el 26 de mayo de 1993.
Convenio de Coordinación de
Acciones que para Apoyar la Difusión de Medidas en Materia de Protección Civil
y Prevención de Desastres entre la Población en General, celebran por una parte
la Secretaría de Gobernación y por otra la Cámara Nacional de la Industria de
Radio y Televisión, el 27 de mayo de 1993.
Convenio de Coordinación de
Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y la
Federación Mexicana de Radio-Experimentadores, A.C., el 28 de mayo de
1993.
Convenio de Coordinación de
Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres que celebran
por una parte la Secretaría de Gobernación y por la otra la Secretaría de
Turismo, el 28 de mayo de 1993.
Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaría de Gobernación, la Universidad Nacional Autónoma de
México y el Servicio Social Multidisciplinario, en Materia de Prestación de
Servicio Social, firmado en México, D.F., el 8 de diciembre de 1993 y publicado
en el Diario Oficial de la Federación,
el 14 de diciembre de 1993.
Convenio de Colaboración
que celebran por una parte la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Secretaría de Gobernación en Materia de Intercambio de Información y de
Servicios Bibliográficos y Jurídicos, firmado en México, D.F., el 8 de
diciembre de 1993 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 13 de diciembre de 1993.
Convenio de Cooperación
Técnica y Científica en Materia de Protección Civil para la Prevención de
Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y la Universidad Nacional
Autónoma de México, firmado en la Ciudad de México, D.F., el 16 de mayo de
1994.
Convenio de Concertación de
Acciones que en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres, celebran
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
la Asociación Nacional de la Industria Química (Transportes Terrestres), el 17
de mayo de 1994.
Convenio de Concertación de
Acciones que en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres, celebran
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
la Asociación Nacional de la Industria Química (Puertos Marítimos), el 17 de
mayo de 1994.
Convenio de Coordinación de
Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres, que celebran
la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social, firmado
en la Ciudad de México, el 18 de mayo de 1994.
Decreto por el que se crean
los Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional de Protección Civil, como
órganos técnicos de consulta en la prevención de desastres, originados por
fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y
socio-organizativos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 6 de junio de 1995.
Convenio de Colaboración de
Acciones en Materia de Protección Civil para la Prevención y Mitigación de los
Efectos Causados por Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, firmado en la
Ciudad de México, el 5 de junio de 1995.
Convenio de Colaboración
Técnica y Científica en Materia de Protección Civil para la Prevención de
Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Educación Pública, firmado en la Ciudad de México, el 5 de junio de 1995.
Convenio que establece las
Bases de Colaboración Técnica y Científica en Materia de Protección Civil para
la Prevención de Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación y la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, firmado en la Ciudad
de México, el 5 de junio de 1995.
Convenio de Concertación de Acciones en Materia de Protección Civil
para la Prevención de Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación y la
Confederación Patronal de la República Mexicana, firmado en la Ciudad de
México, D.F., el 6 de mayo de 1996.
Acuerdo de Colaboración
Interna para Promover la Integración y Funcionamiento de los Sistemas
Municipales de Protección Civil, que celebran la Dirección General de
Protección Civil y el Centro Nacional de Desarrollo Municipal, firmado en la
Ciudad de México, el 25 de noviembre de 1996.
Decretos de creación de los
Sistemas Estatales de Protección Civil de: Hidalgo (24 de noviembre de 1985),
Tabasco (4 de diciembre de 1985), Baja California (31 de mayo de 1986), Sinaloa
(30 de junio de 1986), Sonora (4 de julio de 1986), Nuevo León (17 de
septiembre de 1986), Baja California Sur (20 de septiembre de 1986), San Luis
Potosí (12 de diciembre de 1986), Oaxaca (1o. de abril de 1989), Jalisco (21 de
octubre de 1989), Durango (22 de marzo de 1990), Chiapas (16 de enero de 1991),
Zacatecas (9 de marzo de 1991), Aguascalientes (16 de junio de 1991), Campeche
(30 de abril de 1992), Colima (23 de mayo de 1992), Coahuila (14 de junio de
1992), Tlaxcala (17 de junio de 1992), Guerrero (18 de agosto de 1992),
Quintana Roo (30 de noviembre de 1992), Querétaro (3 de diciembre de 1992),
Puebla (18 de diciembre de 1992), Tamaulipas (28 de abril de 1993), Michoacán
(23 de diciembre de 1993), México (1o. de febrero de 1994), Nayarit (24 de
diciembre de 1994), Yucatán (20 de marzo de 1995), Veracruz (29 de julio de
1995), Distrito Federal (10 de enero de 1996), Chihuahua (19 de junio de 1996).
Decretos y Convenios que
crean los Consejos Estatales de Protección Civil de: Tabasco (4 de diciembre de
1985), Baja California (31 de mayo de 1986), Sinaloa (2 de julio de 1986),
Sonora (14 de julio de 1986), Baja California Sur (20 de septiembre de 1986),
San Luis Potosí (12 de diciembre de 1986), Guerrero (19 de agosto de 1987),
Oaxaca (1 de abril de 1989), Jalisco (10 de octubre de 1989), Durango (22 de marzo
de 1990), Chiapas (16 de enero de 1991), Zacatecas (9 de marzo
de 1991).
Aguascalientes (16 de junio
de 1991), Campeche (30 de abril de 1992), Guanajuato (8 de mayo de 1992), Nuevo
León (8 de mayo de 1992), Colima (23 de mayo de 1992), Tlaxcala (17 de junio de
1992), Hidalgo (20 de julio de 1992), Quintana Roo (30 de noviembre de 1992),
Querétaro (3 de diciembre de 1992), Puebla (18 de diciembre de 1992),
Tamaulipas (28 de abril de 1993), Morelos (16 de junio de 1993), Michoacán (23
de diciembre de 1993), México (1o. de febrero de 1994), Nayarit (24 de
diciembre de 1994), Yucatán (20 de marzo de 1995), Veracruz (29 de julio de
1995), Distrito Federal (10 de enero de 1996), Coahuila (11 de junio de 1996),
Chihuahua (19 de junio de 1996).
Decretos por los que se
crean los Sistemas Municipales de Protección Civil de Salvador Alvarado (27 de
agosto de 1985), Cosalá (30 de julio de 1986), y Ahome (7 de marzo de 1988) en
el Estado de Sinaloa.
Acuerdos por los que se
crean 65 Consejos o Comités Municipales de Protección Civil de diferentes
estados de la República Mexicana.
Reglamentos de Bandos
Municipales de Policía y Buen Gobierno (10), en materia de Protección Civil.
Convenio de Coordinación de
acciones con el objeto de establecer las bases para la elaboración y/o
consolidación de los Programas de Protección Civil en los municipios en que se
encuentran instaladas Refinerías, Terminales Marítimas y Terminales de
Almacenamiento y Distribución que celebraron la Secretaría de Gobernación y
Petróleos Mexicanos, el 27 de julio de 2000.
Convenio de Colaboración en
Materia de Protección Civil celebrado entre la Secretaría de Gobernación y la
Universidad Nacional Autónoma de México, el 21 de septiembre de 2000.
Convenio General de
Colaboración en Materia de Protección Civil celebrado entre la Secretaría de
Gobernación y el Instituto Politécnico Nacional, el 22 de noviembre de 2000.
Acuerdo que establece las
Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29
de febrero de 2000 y sus acuerdos modificatorios del 30 de noviembre del 2000 y
31 de marzo de 2001.
2.6 Decretos,
Acuerdos y Convenios Internacionales
Acuerdo entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América
sobre Cooperación en Casos de Desastres Naturales, firmado en México, D.F., el
15 de enero de 1980 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1981.
Acuerdo de Cooperación
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la
Contaminación al Medio Ambiente Marino por Derrames de Hidrocarburos y otras
Substancias Nocivas, firmado en México, D.F., el 24 de julio de 1980 y publicado
en el Diario Oficial de la Federación,
el 18 de mayo de 1981.
Convenio sobre Cooperación
Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Japón, suscrito en la Ciudad de Tokio, el 2 de diciembre de 1986.
Acuerdo entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre la
Cooperación para la Prevención y Atención en Caso de Desastres Naturales,
suscrito en la Ciudad de Guatemala, el 10 de abril de 1987.
Convenio Básico de
Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Reino de España, firmado el 14 de octubre de 1987.
Convenio de Cooperación
Técnica y Científica que celebran, por una parte, el Ministerio del Interior de
la República Francesa, y por otra, la Secretaría de Gobernación de los Estados
Unidos Mexicanos, relativo a la Modernización de los Servicios de Seguridad
Pública y Protección Civil, firmado el 29 de marzo de 1990.
Convenio de Cooperación
Científica en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas, suscrito el 4 de julio de 1991.
Convenio de Cooperación
Técnica y Científica en materia de Protección Civil para la Prevención de
Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y el World Environment
Center, el 18 de mayo de 1994.
Acuerdo de Cooperación
Técnica y Científica en materia de Protección Civil para la Prevención de
Desastres celebrado entre la Secretaría de Gobernación y el Ministerio de la
Presidencia de la República de Costa Rica, el 15 de enero de 1999.
Acuerdo de Cooperación
Técnica y Científica en materia de Protección Civil para la Prevención de
Desastres celebrado entre la Secretaría de Gobernación y el Ministerio de
Gobernación de la República de Nicaragua, el 14 de febrero de 2000.
2.7
Programas
Programas Estatales de Protección Civil del Distrito Federal,
Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur y Veracruz.
3. Marco
General
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se
enriqueció con el proceso de planeación que las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal llevaron a cabo en los meses de
diciembre de 2000 a febrero de 2001. En este proceso se definieron los
objetivos y las estrategias que deben seguirse por parte de las diversas
dependencias para responder a los principales retos del desarrollo nacional.
Estos trabajos fueron posteriormente
reevaluados desde la perspectiva de los resultados de la consulta ciudadana. La
Secretaría de Gobernación organizó 33 Reuniones de Opinión Ciudadana sobre los
temas inherentes a su competencia, de las cuales, cuatro fueron celebradas
durante el mes de marzo de 2001, sobre el tema de Protección Civil.
Fuente: Sistema de Alerta Temprana. SEGOB. 1999.
Así, la protección civil en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se contempla en el área de Orden y
Respeto, cuyo quinto objetivo rector se establece como: Fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los fenómenos
que afectan a la población en cuanto a su tamaño, dinámica, estructura y
distribución territorial.
Dentro de este objetivo se define como
estrategia global: Transitar de un
sistema de protección civil reactivo a uno preventivo con la corresponsabilidad
y participación de los tres órdenes de gobierno, población y sectores social y
privado, y propone como líneas generales de acción:
Mejorar la eficacia
preventiva y operativa del Sistema Nacional de Protección Civil y de las
Unidades de Protección Civil emplazadas en todo el país;
Identificar y mejorar el
conocimiento de las amenazas y riesgos en el nivel comunitario;
Promover la reducción de la
vulnerabilidad física;
Fomentar la
corresponsabilidad, coordinación y comunicación de los tres ámbitos de
gobierno, sectores social y privado, y población en general;
Fortalecer la investigación
aplicada para desarrollar o mejorar tecnologías para mitigar los riesgos;
Implantar una política y
cultura de autoprotección; desarrollando y procurando apoyos técnicos y financieros
para mitigación y recuperación, y
Dar atención prioritaria a
los grupos más vulnerables de la población.
Con estas bases, se integró el Programa
Nacional de Protección Civil 2001-2006 cuyo propósito es integrar los objetivos,
estrategias y líneas de acción que normarán la actuación del Sistema Nacional
de Protección Civil en la consecución del objetivo rector y las estrategias
señaladas.
Para la elaboración de este programa se
realizó un amplio proceso de consulta entre las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y organismos de los sectores social y privado
integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyas propuestas y
comentarios son parte integral del mismo.
ORGANIGRAMA DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Fuente: Manual de Organización y Operación del Sistema
Nacional de Protección Civil, 1995.
4. Diagnóstico
4.1 De las Condiciones de
Riesgo del País
México
es un país expuesto a diversos tipos de desastres, las experiencias históricas
y recientes así lo confirman. La ubicación del país lo hace particularmente
vulnerable a la actividad sísmica y volcánica, mientras que su localización en
la región intertropical propicia que en las costas del Mar Caribe, del Océano
Pacífico y del Golfo de México, los ciclones tropicales ocasionen de forma
recurrente daños a las poblaciones, tanto por la acción de los vientos como de
las precipitaciones pluviales y las consiguientes inundaciones.
Un
desastre, nos dicen las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de
Protección Civil, es un evento concentrado en tiempo y espacio en el cual la
sociedad o una parte de ella sufre un daño severo y pérdidas para sus miembros;2 de tal manera que el entramado social se
desajusta y se impide el cumplimiento de sus actividades esenciales, afectando
el funcionamiento vital del mismo.
Un
desastre, nos lo dicen los hechos, es un evento inesperado, que puede afectar a
nuestra familia, amigos, trabajo, propiedad y produce inseguridad ante el
futuro, quedando supeditados únicamente a la ayuda que por compromiso social
del gobierno, o la solidaridad de la gente, nos pueda ser proporcionada.
La vulnerabilidad de la población ante las consecuencias
de las calamidades, cualesquiera que sean sus orígenes, hace prioritaria la
búsqueda y definición de estrategias que mitiguen los daños humanos y
materiales que las mismas provocan, incidiendo en el proceso de desarrollo de
las comunidades, considerando que la mayor parte de las veces causan un
retraso, y hasta un retroceso muy desfavorable, y que el costo social y
económico de las mismas siempre será mayor que el que hubiera significado la
inversión oportuna de recursos en prevenirlos.
Los
gobiernos, a fin de dar respuesta a la necesidad de brindar protección a las
personas ante la presencia de diversos agentes perturbadores, han desarrollado,
en mayor o menor grado, sistemas de protección civil de alto contenido social,
que usualmente persiguen tres propósitos básicos:
La organización del
gobierno en sus distintos órdenes, comprendiendo todo lo largo y ancho del
territorio nacional;
La concertación con los
sectores privado y social, así como con los grupos académico, voluntario,
vecinal y no-gubernamental, que permita definir la forma y alcances de su
participación en actividades de prevención, auxilio y recuperación; y
La inducción e inclusión de
todos los habitantes del territorio nacional para transitar de una percepción
lejana del riesgo a una conciencia de éste, impulsando las acciones
corresponsables para la generación, arraigo y desarrollo continuo de una
cultura de protección civil.
En
las décadas recientes, diversas causas estructurales, preponderantemente de orden
político, económico, étnico, religioso, y otras derivadas del modelo de
desarrollo vigente, han determinado que en muchos países, y México no es la
excepción, la dinámica de los grupos sociales haya tenido como una de sus
manifestaciones principales la migración de importantes núcleos de población
hacia ámbitos urbanos, acarreando con ello la ocupación de zonas de alto riesgo
con las consecuencias que esto implica.
Así,
en un supuesto favorable, cuando las personas logran contar con un empleo
estable e ingresos económicos regulares, el fenómeno referido ha originado
nuevas y más audaces soluciones de urbanismo y vivienda, para dar respuesta a
la necesidad de las personas de contar con espacios para desarrollar su vida y
sus actividades dignamente; dichas formas, sin embargo, se caracterizan por
revestir condiciones de menor seguridad, con relación a las disponibles hace
algunas décadas.
Por
otro lado, para aquellas personas que no han tenido acceso a esas
oportunidades, que usualmente se integran al sector informal de la economía, la
opción ha sido el sumarse a conglomerados humanos asentados irregularmente, por
lo general en condiciones de vulnerabilidad que ponen en peligro su vida, su
integridad física, e incluso sus posesiones y su medio ambiente, formando
cinturones de miseria que circundan y alteran el desarrollo armónico de las
comunidades, así como el suministro oportuno, adecuado y eficaz de los
servicios.
Lugares
como cañadas, barrancas, laderas de cerros y lechos de ríos, son comúnmente
ocupados; e incluso, el asentamiento en espacios localizados en una estrecha
vecindad con la industria, aumentan el grado de exposición y vulnerabilidad a
un riesgo, ante la ocurrencia de fenómenos, tanto de origen natural, como
aquéllos derivados de la acción humana.
Paralelamente,
un interactuar desordenado y anárquico entre las personas y su entorno, ha
generado la afectación del mismo, creando un continuo perjuicio que incide en
los procesos de desarrollo, el menoscabo de la seguridad individual y colectiva
y el deterioro ambiental.
Es
importante recordar, que en las últimas décadas hemos sido testigos y estamos
cada vez más conscientes de que nuestro planeta se ha visto afectado por un
conjunto de cambios climáticos que se traducen en condiciones de mayor vulnerabilidad
para las sociedades. Los signos de estos cambios se registran en intensas
sequías y huracanes o en el fenómeno de El Niño.
En
el lapso de 1991-2000, los desastres naturales fueron causa de la muerte de
665,598 personas, lo que representa el 88% de las ocasionadas durante la última
década.
Mientras
que el número de desastres geofísicos ha permanecido estable, el número de
desastres hidrometeorológicos se ha más que duplicado. Durante la pasada década
más del 90% de las personas que fallecieron debido a desastres naturales,
perdieron la vida en eventos meteorológicos tales como sequías, tormentas e
inundaciones.
De
los 2,557 desastres naturales reportados desde 1991, más de la mitad ocurrieron
en países de mediano desarrollo. Sin embargo, dos terceras partes de los que
fallecieron provienen de países de bajo desarrollo, mientras que sólo el 2%
proviene de países altamente desarrollados. Al comparar el total de muertes
reportadas con el total de desastres, el efecto del desarrollo sobre las mismas
es determinante. 3
Desde
la óptica de la protección civil, lo anterior es una de las lecturas que
permite comprender que los desastres se presentan cada vez con mayor
frecuencia, cobran un creciente número de víctimas, y afectan en mayor medida a
la naturaleza, explicando adicionalmente la interacción de dicha política
pública con las problemáticas representadas por otras, como las de
asentamientos humanos y vivienda, entre otras.
4.1.1 Fenómenos Geológicos
En
el siglo pasado ocurrieron 71 grandes sismos, capaces de producir daños y
víctimas. La tercera parte de la población vive en zonas de alto y muy alto
peligro sísmico, coincidiendo con los estados de mayor índice de marginación
(Guerrero, Oaxaca y Chiapas). La zona con mayor potencial sísmico en el país se
encuentra a lo largo de la costa de Guerrero, en donde se estima que podrían
ocurrir uno o dos terremotos de magnitud 8. Sólo en los sismos de 1999 se
dañaron 51,055 viviendas, 3,673 escuelas y 221 hospitales.
Con
respecto al riesgo volcánico, la tasa de erupción media durante los últimos 500
años ha sido de 15 erupciones por siglo. La inestabilidad de laderas naturales,
flujos de lodo y escombros, hundimientos regionales y locales se encuentran
presentes en todo el territorio nacional. Las condiciones se agravan por la
deforestación, intemperismo, erosión y por la alteración de las condiciones de
drenaje y de equilibro original, ante la presencia de asentamientos humanos
irregulares.
Los
daños generados por fenómenos geológicos en el periodo 1980-1999 ascendieron a
4,560 millones de dólares en pérdidas materiales y 6,097 decesos.
4.1.2 Fenómenos Hidrometeorológicos
Anualmente,
penetran al territorio nacional 4 ciclones, produciendo lluvias intensas con
sus consecuentes inundaciones y deslaves. La falta de regulación de los
asentamientos humanos y la degradación ambiental se suman a los retrasos en
acciones de ordenamiento hidrológico y de obras de protección, incrementando el
riesgo en la población.
Las
fuertes precipitaciones pluviales pueden generar intensas corrientes de agua en
ríos y flujos con sedimentos en las laderas de las montañas que pueden destruir
infraestructura económica y social como viviendas, hospitales, escuelas y vías
de comunicación.
Las
granizadas producen afectaciones en las zonas de cultivo, obstrucciones del
drenaje y daños a estructuras en las zonas urbanas. Las sequías provocan
fuertes pérdidas económicas a la ganadería y la agricultura por periodos de
meses o años.
En
México, la mayor pérdida de suelo se produce por la lluvia, cuyos efectos son
los volúmenes de material que deben dragarse en ríos y puertos, la pérdida de
capacidad de embalses y los flujos de escombros cada vez más frecuentes. Los
estados más afectados por erosión hídrica son México, Tlaxcala y Oaxaca.
Las
siguientes cifras dan una idea de la gravedad del problema:
a) Son dragados aproximadamente 300 millones de
metros cúbicos al año en ríos y puertos.
b) En un año se pierden 1.1 billones de metros
cúbicos de capacidad en los embalses.
c) Se estima que anualmente se producen daños
por 270 millones de dólares con la erosión de las márgenes de los ríos.
d) Los daños generados por fenómenos
hidrometeorológicos en el periodo 1980-1999 ascendieron a 4,560 millones de
dólares y 2,800 decesos.
4.1.3 Fenómenos Químicos y
Ambientales
La
mayoría de las industrias se ubican en el centro del país, lo que la convierte
en una región con muy alto riesgo en el campo ecológico aunado a la gran
densidad de población. Las principales industrias generadoras de desechos
industriales son las de alimentos, textiles, maderera, imprenta, química
orgánica e inorgánica, no metálica y metálica básica, además de las
ensambladoras.
México carece de un número suficiente de
centros de procesamiento y confinamiento de desechos industriales, así como de
plantas de tratamiento para los solventes y aceites.
Fuente: Dirección General Forestal
SEMARNAT
Los
incendios forestales, que ocurren en su mayoría de enero a mayo por causas
naturales o inducidas afectan fuertemente a la ecología y medio ambiente. En 1998
hubo 14,268 incendios forestales que afectaron casi 600,000 hectáreas, este
gran número fue debido a fenómenos climatológicos que aumentaron
considerablemente la temperatura, y que en combinación con la práctica agrícola
de roza, tumba y quema, se tradujo en un número récord de incendios forestales
en México y Centro América.
El
medio ambiente se afecta fuertemente por la pérdida de suelo y capa vegetal,
contaminación y azolve de los cuerpos de agua, entre otros.
Los
daños generados por riesgos químico-tecnológicos en el periodo 1980-1999
ascendieron a 1,280 millones de dólares en pérdidas materiales y 1,250 decesos.
4.1.4 Fenómenos
Socio-Organizativos
Se
derivan de actividades humanas relacionadas con el transporte aéreo, terrestre,
marítimo o fluvial; interrupción del suministro de servicios vitales; los
accidentes industriales o tecnológicos no asociados a productos químicos; los
derivados del comportamiento desordenado en grandes concentraciones de
población y los que son producto de comportamiento antisocial.
Los
accidentes que se originan en el transporte terrestre producen mayor número de
pérdidas humanas y materiales. En 1998, por ejemplo, se registraron 61,200
accidentes en las carreteras federales, que produjeron casi 5,100 decesos y
35,200 heridos.
4.1.5 Impacto de los
Desastres en el Desarrollo Socioeconómico
En nuestro país los desastres han contribuido a elevar los niveles de
pobreza y desigualdad. En efecto, impactan más proporcionalmente a los grupos
más pobres de la sociedad, debido a que son los menos capaces de responder a
los choques repentinos que destruyen sus activos y reducen drásticamente sus
ingresos.
Las
consecuencias de los desastres sobre las principales variables macroeconómicas
en el país, han llegado a ser significativas por el incipiente desarrollo de
instrumentos financieros y el insignificante peso relativo de los seguros que
protegen a la población, así como a la infraestructura económica y social frente
al riesgo.
Los desastres naturales y antropogénicos han causado un número
importante de víctimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales. Estos efectos
han significado retrocesos importantes en las regiones o estados directamente
afectados.
En los últimos 20 años, México ha experimentado 75 desastres de magnitud
significativa, los cuales han causado alrededor de 10,000 muertos y centenas de
miles de damnificados. Los daños directos calculados en el mismo lapso alcanzan
9,600 millones de dólares, con un monto medio anual de cerca de 500 millones de
dólares. Si se añaden los efectos indirectos de los desastres, es decir, la
interrupción de flujos de producción de bienes y servicios, habrá que agregar
como mínimo, 200 millones de dólares anuales.
|
Tipo de fenómeno |
Muertos |
Daños directos |
Daños indirectos |
Total |
|
Hidrometeorológicos |
2,767 |
4,402.3 |
144.9 |
4,547.2 |
|
Geológicos |
6,097 |
4,043.7 |
516.4 |
4,560.1 |
|
Químicos y ambientales |
1,250 |
1,149.7 |
133.6 |
1,283.3 |
|
Total |
10,114 |
9,595.7 |
794.9 |
10,390.6 |
Síntesis
de víctimas y daños ocurridos por desastres en México de 1980 a 1999 por tipo
de evento
(en millones de dólares
Fuente: CENAPRED)
Durante el periodo 1980-1999, se registraron huracanes, lluvias
torrenciales, granizadas, heladas y sequías, en particular en los años 1982,
1985, 1988, 1995, 1997 y 1998. El número acumulado de víctimas fatales derivadas
de estos fenómenos es de 2,767 personas; una estimación de los daños directos
generados conduce a un total aproximado de 4,500 millones de dólares.
En cuanto a los desastres de tipo geológico (como sismos, deslizamientos
de tierra, vulcanismo), en este lapso las pérdidas acumuladas por daños
directos alcanzan 4,500 millones de dólares (que incluyen poco más de 500
millones de pérdidas indirectas), ocasionando la muerte de entre 6,000 y 6,500
personas.
Por otro lado, los desastres de tipo antropogénico ocasionaron alrededor
de 1,250 decesos y pérdidas directas por algo más de 1,300 millones de dólares.
Las evaluaciones realizadas por el CENAPRED sobre los efectos de los
desastres sísmicos e hidrometeorológicos ocurridos en el país en 1999 hacen
ascender a éstos a una cifra cercana a los 12,000 millones de pesos (1,260
millones de dólares aproximadamente).
4.2 De la Situación del
Sistema Nacional de Protección Civil
4.2.1 Ley General de
Protección Civil
Desde
su creación, el Sistema Nacional de Protección Civil careció de un marco
jurídico específico, que le otorgara sustento y solidez, habiendo operado desde
1986 al 2000, con base en una serie de Decretos del Titular del Ejecutivo
Federal:
Aprobación de las Bases
para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil;
Creación del Centro
Nacional de Prevención de Desastres;
Creación del Consejo
Nacional de Protección Civil;
Aprobación del Programa de
Protección Civil 1995-2000;
Acuerdo que establece las
Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y
Legislación que asigna a la
Secretaría de Gobernación responsabilidades específicas en materia de respuesta
a emergencias:
Ley de Planeación;
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
Ley de Población;
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y
Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.
Por
lo anterior, el Honorable Congreso de la Unión en su LVII Legislatura, acordó
el 30 de septiembre de 1997 la creación de la Comisión de Protección Civil,
misma que presentó una iniciativa para adicionar la fracción XXIX-I al Artículo
73 de nuestra Carta Magna, con la que se faculta al Congreso de la Unión para
legislar en la materia.
Esta
reforma constitucional, adicionada a un proceso de consulta pública, así como
de recopilación y análisis de información nacional e internacional, dio como
resultado la promulgación de la Ley General de Protección Civil, el 12 de mayo
de 2000, la cual:
Establece las bases de
coordinación, que encauzan las acciones conjuntas de la Federación, de las 31
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en acciones
de carácter preventivo, como durante el auxilio en desastres, y la recuperación
posterior;
Fija los alcances, términos
de operación y responsabilidades de consulta, opinión y coordinación de las
estructuras consultivas del Sistema Nacional de Protección Civil, como el
Consejo Nacional y sus órganos operativos, así como su conformación y
estructuración;
Convoca la integración de
los grupos altruistas, voluntarios, vecinales y no gubernamentales,
estableciendo con claridad las reglas de su actividad, y fomentando la
participación activa y comprometida de la sociedad;
Deja sentadas las bases de
elaboración, alcances y contenidos del Programa Nacional de Protección Civil, y
Elimina la discrecionalidad
en aspectos como la declaratoria de desastre, las acciones de respuesta, o las
medidas de seguridad que necesariamente deberán instrumentarse ante fenómenos
perturbadores, acotando la responsabilidad del servidor público competente en
la toma de decisiones.
4.2.2. Financiamiento de la
Protección Civil
En
1996 se constituyó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) como el instrumento
financiero del Gobierno Federal para atender los efectos de los desastres
naturales, mediante la asignación y transferencia de recursos a las
dependencias y entidades federales y a los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios cuya capacidad de respuesta operativa y financiera
fuese superada por la magnitud de los daños registrados. Con este esquema se
brinda apoyo a la población afectada sin alterar los resultados de las finanzas
públicas ni los programas normales del sector público federal.
Con
el propósito de contar con un marco normativo más adecuado para la operación
del FONDEN y tener una mayor transparencia sobre la asignación de sus recursos,
el 31 de marzo de 1999 se publicaron las Reglas de Operación del mismo y en
junio de ese año, la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento aprobó
el contrato constitutivo del Fideicomiso FONDEN, cuyo objetivo es la
administración de los recursos remanentes, que en su caso, se generen al
término de cada ejercicio fiscal.
A
través del FONDEN y mediante la asignación de recursos a diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Gobierno
Federal ha logrado atender los daños provocados por diversos fenómenos
naturales. Esta asignación de recursos ha llevado a la creación de 31
fideicomisos estatales para la realización de obras y acciones en donde
concurren los tres órdenes de gobierno. La aplicación de recursos se hace bajo
un esquema de absoluta transparencia, coparticipación y corresponsabilidad con
los gobiernos estatales y municipales.
Fuente: Secretaría
Técnica de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.
Para
optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer la coordinación y la cooperación
entre los tres niveles de gobierno y precisar la cobertura del FONDEN respecto
a la infraestructura pública federal asegurable y a cargo de los gobiernos
estatales y municipales, el pasado 31 de marzo de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo que modifica las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.
El
monto de los recursos asignados al FONDEN en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001 asciende a
4,870.2 millones de pesos, cifra superior en 2.4% en términos reales, a lo
asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Dicho incremento forma
parte de la estrategia para fomentar la capacidad del Estado respecto a la
conducción y regulación de los efectos asociados a los desastres naturales.
De
diciembre de 2000 al 30 de junio de 2001, la Comisión Intersecretarial de Gasto
Financiamiento recomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
autorizar recursos con cargo al FONDEN por un monto de 237.9 millones de pesos.
Dicho monto se canalizó a través de las secretarías de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (43.5%), Comunicaciones y Transportes
(29.1%), Gobernación (8.4%), Desarrollo Social (1.1%) y Comisión Nacional del
Agua (17.9%).
Durante
el periodo señalado se destinaron recursos, principalmente para apoyar a los
damnificados por fenómenos hidrometeorológicos y sequías (a quienes se les
destinó el 44.6% del monto señalado), para reconstituir el Fondo Revolvente
para Adquisición de Suministros de Auxilio en Situaciones de Emergencia y de
Desastre a favor de la Coordinación General de Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación (8.4%), a la reparación de la infraestructura
carretera y de transporte (29.1%), y a la rehabilitación de la infraestructura
hidráulica pública federal y estatal (17.9%).
Durante
el periodo diciembre 2000-agosto 2001, se han atendido catorce declaratorias de
desastre, siete de ellas originadas por sequías atípicas y prolongadas y siete
por lluvias atípicas e impredecibles. Dichas declaratorias han beneficiado a
4,048,659 residentes en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua,
Guanajuato, Guerrero, México, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y recientemente
en los estados de Querétaro y Quintana Roo.
Asimismo,
se emitieron tres declaratorias de emergencia: La primera permitió apoyar a más
de 47 mil habitantes en la zona de riesgo del Volcán Popocatépetl, las dos
siguientes a 9,500 personas afectadas por lluvias torrenciales en los estados
de Morelos y Zacatecas.
Los
recursos con cargo al FONDEN asignados del 1 de enero al 30 de junio de 2001
ascienden a 231.4 millones de pesos, destinándose a la atención de los
desastres naturales provocados por fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en
los estados de Chiapas, Guerrero, Sonora y Veracruz, así como por sequías en
los estados de Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas.
4.2.3 Investigación y
Desarrollo Tecnológico
Un
factor fundamental para sustentar tanto la planeación como la toma de
decisiones en materia de protección civil para la prevención de desastres, es
la aportación que representa la investigación científica y el desarrollo
tecnológico.
En
lo que corresponde al campo de la investigación aplicada se han desarrollado
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico orientados a la reducción
de riesgos a los que nuestro país está expuesto. Asimismo, se han llevado a
cabo actividades encaminadas a la capacitación y difusión en aspectos de
protección civil y prevención de desastres.
Vinculados
a la investigación y desarrollo tecnológico, los trabajos han sido orientados
al estudio de los fenómenos naturales más recurrentes: Sismos, volcanes y
deslizamientos; ciclones tropicales, inundaciones y sequías. De igual manera,
se han realizado estudios relacionados con sucesos de origen antropogénico ocasionados
fundamentalmente por el manejo, transportación, distribución, envase y
almacenamiento de substancias y residuos peligrosos. La finalidad de la
investigación llevada a cabo es entender la naturaleza de los fenómenos
perturbadores y desarrollar métodos para evitar que éstos deriven en
catástrofes.
En
materia de sismos, se elaboraron mapas que permiten identificar las zonas
geográficas catalogadas como de mayor riesgo. Se avanzó de manera sustancial en
la microzonificación de ciudades importantes tales como la Ciudad de México y
Toluca. Un aporte significativo representa la elaboración de normas de
construcción, destacando aquéllas para viviendas y edificios de concreto.
Además, se elaboró una cartilla para la reparación y refuerzo de viviendas rurales,
en especial aquéllas de adobe. Dichas metodologías han sido ya aplicadas por la
Secretaría de Desarrollo Social en los proyectos que para tal efecto ha
coordinado.
Respecto
a la Instrumentación para el Registro Sísmico y el Procesamiento de Datos, se llevaron
a cabo acciones encaminadas a reforzar los diferentes sistemas de monitoreo de
la actividad sísmica en nuestro país, con objeto de prever oportunamente
situaciones de riesgo. Asimismo, de manera conjunta con el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED), el Centro de Investigación y Registro
Sísmico (CIRES) y diversas instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), se iniciaron los trabajos del proyecto para el mejoramiento de
la infraestructura de medición y observación sísmica del país con una inversión
de 36 millones de pesos. Con estos sistemas se integrará la Red Sísmica
Mexicana cuyo objetivo será impulsar la investigación, el conocimiento y la
construcción de redes de comunicación más eficaces que permitan mantener
informadas con oportunidad a las autoridades de protección civil sobre la
ocurrencia de sismos importantes en México. Se continuó también trabajando en
la Base Mexicana de Sismos Fuertes, que contiene más de 12 mil registros de
cerca de 1,500 temblores fuertes registrados en nuestro país desde 1960.
Uno
de los problemas que poco se ha estudiado en el país es el de los
deslizamientos de laderas. En este tema, se elaboró la Guía Práctica para el
Diagnóstico de Deslizamientos dirigida a las autoridades de protección civil.
Este documento presenta una metodología simple para poder determinar la posible
ocurrencia de deslizamientos mediante observaciones de campo y estudios
sencillos. Con ello se contribuye a mejorar la capacidad de alertamiento y protección
de la población.
En
materia de monitoreo volcánico, se realizaron actividades para ampliar los
sistemas de monitoreo y vigilancia de los volcanes Popocatépetl, Pico de
Orizaba, Chichonal y Tacaná. Asimismo, se elaboró un estudio sobre el impacto
de las cenizas del volcán Popocatépetl y sus efectos para la aeronavegación y
la infraestructura aeroportuaria.
Respecto
a las inundaciones, se cuenta ya con un sistema automatizado para el
alertamiento de las autoridades de protección civil y a los pobladores de los
municipios que puedan ser afectados. Al mismo tiempo, se avanzó en la
identificación de las zonas susceptibles de desbordamiento.
En
cuanto a la instrumentación hidrometeorológica, se continuó con la instalación
de sistemas de alertamiento en diferentes ciudades del país. Actualmente las
ciudades que cuentan con este sistema son: Acapulco, Tijuana, Motozintla,
Tapachula, Monterrey y Villahermosa. Conjuntamente con la Comisión Nacional del
Agua y autoridades de protección civil del Estado de Veracruz, se encuentran en
proceso de instalación 5 sistemas para la medición y el alertamiento de
inundaciones en las cuencas hidrológicas
de Álamo, Poza Rica, Tecolutla-Gutiérrez Zamora y Martínez de la Torre.
Un
trabajo central durante el periodo 2001-2006 lo constituye el Programa Especial
de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres que en el marco de este
Programa Nacional de Protección Civil plantea el desarrollo de 60 proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico de alcance nacional para ser ejecutados
en los próximos 6 años. Este programa, interinstitucional e interdisciplinario,
hace énfasis en el carácter preventivo de la protección civil, así como en la
coordinación y corresponsabilidad de acciones de los sectores social, privado,
académico y público.
4.2.4 Educación,
Capacitación y Adiestramiento para la Protección Civil
Desde
su creación, el Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado numerosas
acciones encaminadas a la generación de una cultura de protección civil,
especialmente a través de la educación de las personas, mayormente en el ámbito
institucional por medio de los programas internos de protección civil, y en el
educativo, donde se han incorporado en los libros de texto gratuitos para
Primaria contenidos de protección civil, seguridad pública, ecología y salud
pública, y en los programas de estudio del nivel de Secundaria. Es entonces
importante reafirmar lo avanzado dándole un vigoroso impulso, especialmente en
el marco de la Ley General en la materia.
Es
claro que estas acciones por sí mismas, no propiciarán ese cambio de mentalidad
ni la consolidación de la cultura de protección civil. Es menester establecer
una continua comunicación entre las diversas instituciones involucradas y la
población en general, que con un carácter permanente incidan en ese proceso
educativo que propicie programas para explicar a la población del país las
características de los fenómenos naturales.
Pero
no tan sólo es necesaria la inducción de la adopción de esas conductas de
auto-cuidado y auto-preparación de cara a los desastres; en un buen porcentaje
los cuadros directivos, técnicos y operativos que ha formado y forman el ámbito
institucional de la protección civil son muy bien intencionados, pero no menos
empíricos, ya que típicamente no han sido objeto de alguna preparación,
entrenamiento y/o formación específica.
Lo
anterior se debe fundamentalmente a la inexistencia de instituciones que
impartan una currícula en la materia, que abarque los aspectos
teórico-prácticos, desde sus etapas elementales hasta las altamente
especializadas; a la alta rotación de los cuadros operativos, técnicos y
directivos; y a la ausencia de un servicio civil de carrera en la misma.
Esfuerzos
tales como los diplomados impartidos tanto por instituciones públicas –el Centro
Nacional de Prevención de Desastres- como privadas, son enfocados a núcleos
reducidos de profesionales, especialmente por una capacidad instalada moderada
y una planta de docentes en proceso de conformación, lo que ha dado como
resultado un alcance gradual de los objetivos para los que han sido diseñados e
impartidos.
4.2.5 Información, Difusión
y Divulgación para la Protección Civil
Parte
complementaria del proceso educativo, es la representada por la emisión de
información útil para la protección civil, desde la encaminada a orientar a la
población, hasta la altamente científico-técnica, dirigida a los profesionales
y estudiosos de los aspectos que componen esta política pública.
Con
el propósito de coordinar las acciones preventivas para disminuir el riesgo que
año con año representa la temporada de ciclones tropicales, en mayo de 2001 se
llevaron a cabo la primera y segunda Reunión Regional de Información y
Difusión. En ellas participaron la SEDENA, SEMARNAT, SEMAR, SCT, CNA, CFE, el
Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de protección civil de las 31
entidades federativas y del Distrito Federal.
En
coordinación con la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio
Meteorológico Nacional, se realizaron dos reuniones en las que se difundió la
Temporada de Ciclones Tropicales 2001 y se presentó el avión Caza Huracanes de
la Agencia Nacional para la Administración del Océano y la Atmósfera (NOAA), el
cual apoya con vuelos de reconocimiento e investigación de conglomerados
nubosos con posibilidades de evolucionar como ciclón tropical.
Adicionalmente,
se celebraron nueve reuniones regionales sobre transporte de productos
químicos, uso de explosivos, Plan Operativo del Volcán Popocatépetl, Reglas de
Operación del FONDEN y una Reunión Nacional de Directores de Protección Civil.
La
Secretaría de Gobernación y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y
Televisión firmaron el Convenio de Concertación de Acciones para la Difusión
Social de Medidas de Protección Civil y Prevención de Desastres. Su objetivo
principal es difundir campañas cuyo mensaje oriente a la población antes,
durante y después de una eventual situación de emergencia y contribuya a la
creación de una cultura de protección civil. En esa fecha, con mensajes en
radio y televisión relativos a huracanes, dio inicio una campaña nacional de
comunicación social en la materia.
Se
difundió la guía de prevención ¿Qué hacer
en caso de…?, para que a través de los medios de comunicación se expusieran
con sencillez las principales medidas preventivas durante ciclones, lluvias e
inundaciones, sismos, incendios y heladas.
4.2.6 Participación Social
en la Protección Civil: Grupos Voluntarios, Vecinales y No Gubernamentales
No
habiendo una estrategia específica respecto al tema, han surgido un sinnúmero
de organizaciones que como común denominador carecen de capacitación y
adiestramiento adecuados, especialización, equipamiento específico, un padrón
regular de integrantes, y en muchos de los casos de una existencia formalizada
desde el punto de vista jurídico.
Dichas
agrupaciones actúan al margen de la autoridad, sin supervisión ni control, lo
que ha generado más de algún problema, que incluso ha trascendido al ámbito
judicial, evidenciando la necesidad de establecer reglas de participación de
dichas agrupaciones en acciones de protección civil.
En
otra vertiente, han surgido y proliferado organizaciones vecinales y
no-gubernamentales, enfocadas principalmente a aspectos de derechos humanos y
ecología, incidiendo de manera lateral en acciones de protección civil, por lo
que es importante convocarlos a involucrarse de manera decidida y organizada
puesto que, los objetivos de la protección civil sólo se alcanzarán cuando
exista una participación corresponsable y comprometida de sociedad y gobierno.
La
educación y la comunicación para la protección civil, requieren
incuestionablemente de la participación de estas organizaciones como elementos
atomizadores de la información que propicie que las personas de manera
individual y colectiva, adquieran y practiquen conductas de auto-cuidado y
auto-preparación, asumiendo de ese modo una conciencia de la prevención, tanto
en situaciones de normalidad como de emergencia, actuando bajo la coordinación
de la autoridad de protección civil correspondiente.
En esta línea, las autoridades del Sistema
Nacional de Protección Civil, han propiciado un acercamiento con dichas
organizaciones mediante la realización e impartición de cursos, conferencias,
seminarios y simposia, enfocados a las tareas y operaciones que dichos grupos
están llamados a cumplir.
4.2.7
Concertación y Coordinación de Acciones
En el cumplimiento del compromiso
institucional orientado a fortalecer y ampliar los mecanismos de interacción,
participación e intercambio entre las instancias que conforman al Sistema
Nacional de Protección Civil, se verificaron los siguientes avances:
Se suscribieron los
Convenios de Coordinación en Materia de Fortalecimiento de la Operación
Relacionada con la Protección Civil y la Prevención de Desastres con cada
entidad federativa.
Los 32 Consejos de
Protección Civil Estatales y del Distrito Federal se encuentran integrados,
sesionan con la regularidad establecida en sus dispositivos legales y cuando
las circunstancias de una contingencia lo ameritan.
Se han constituido y operan
regularmente 1,413 Consejos Municipales de Protección Civil.
Fuente: Sistema de Alerta Temprana. SEGOB. 1999
Se han realizado 37
reuniones nacionales y 122 regionales promovidas a instancia de la Coordinación
General de Protección Civil, con la participación de representantes de los
estados y municipios, para analizar, evaluar y planear las acciones de
prevención y respuesta en distintas materias relacionadas con los riesgos
estacionales, como incendios forestales, lluvias, inundaciones y sequías, así
como los vinculados con los riesgos permanentes como los derivados de la acción
de sismos y volcanes. Los estados y municipios realizaron 595 eventos
relacionados con estos temas.
Se
diseñó, consensó y puso en marcha el Sistema de Alerta Temprana (SIAT), cuyo
enfoque se orienta a la prevención de los riesgos asociados a los fenómenos
hidrometeorológicos, como los ciclones tropicales, las lluvias intensas y las
inundaciones.
El
SIAT ordena y procesa los distintos rangos de alertamiento en función de las
categorías de intensidad del fenómeno una vez que éste se presente; su
localización en distancia y tiempo probable de impacto a tierra y su
trayectoria esperada; y establece etapas progresivas de actuación
institucional, privada y social, para cada rango en función de la evolución del
propio fenómeno.
Dentro
de cada una de las etapas del SIAT se describen y ordenan los procedimientos y
acciones que deben llevar a cabo las instancias de gobierno que forman parte
del Sistema Nacional de Protección Civil, en los ámbitos federal, estatal y
municipal, pero también de aquellas que corresponden a los medios de
comunicación y a la población expuesta al evento.
En
el SIAT se reconocen las responsabilidades y atribuciones que les corresponden
a los estados y municipios conforme a la Ley General de Protección Civil, en
cuanto a la implementación de medidas preventivas y de seguridad, así como de
atención inmediata; se reitera el papel de las instancias federales como
factores de colaboración y apoyo complementario en un proceso de seguimiento
previo al impacto del fenómeno, y de actuación directa sólo en el caso de que
se rebase la capacidad de respuesta local.
A
partir del mes de junio de 2001 la Coordinación General de Protección Civil, a
través de la Dirección General de Protección Civil, tiene bajo su
responsabilidad el Secretariado Técnico del Comité de Planeación de Emergencias
Radiológicas Externas (COPERE), cuya responsabilidad en situación de normalidad
consiste en:
La actualización permanente
del Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) y sus procedimientos;
La gestión de recursos
financieros requeridos para la instrumentación de ese Plan;
El desarrollo de un proceso
de capacitación permanente y la realización y evaluación de ejercicios
parciales que permitan probar la eficacia del Plan y sus procedimientos.
Desde
1989 se han realizado un promedio de cinco ejercicios parciales anuales, y en
los años 1991, 1993, 1995, 1997, y 2001 cinco ejercicios integrados; y se han
generado veintidós enmiendas al Plan y sus procedimientos.
4.2.8 Intercambio
Internacional
El
Sistema Nacional de Protección Civil desde su creación ha suscrito compromisos
bilaterales de cooperación en esa materia, con varios países: España, Estados
Unidos de América, Francia, Guatemala, Japón, y la Unión Soviética, y se ha
adherido a la estrategia de la Organización de las Naciones Unidas denominada
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
Es
reconocido en el ámbito internacional que México es de los pocos países que han
abordado con amplitud el tema, lo cual se hizo patente en la Conferencia
Internacional del Decenio para la Reducción de los Desastres Naturales
celebrada en Yokohama, Japón, en 1994.
México
ha ofrecido cooperación sobre todo a los países del Istmo Centroamericano y el
cono sur, especialmente en situaciones de desastre en las que solidariamente ha
acudido en apoyo de varios de ellos; y en situación de normalidad, mediante la
capacitación y formación de cuadros administradores de emergencias.
No
se ha desarrollado una acción sistemática que permita obtener y capitalizar los
conocimientos, experiencias y tecnología desarrollados por países cuyos
sistemas de prevención y atención de emergencias son anteriores al nuestro. Lo
anterior evidencia la necesidad de dejar establecidos los lineamientos que
permitan materializar acciones y obtener apoyos que impulsen el avance de la
protección civil mexicana, especialmente en lo que se refiere a los desarrollos
tecnológicos.
Sería
importante insertar la protección civil en las políticas y estrategias de
intercambio internacional, de modo que se conviertan en una acción permanente y
consistente que permita la formación de cuadros directivos, técnicos y
operativos, cuyos resultados sean capitalizables por el Sistema Nacional de
Protección Civil.
En
diversas reuniones de carácter internacional, se ha manifestado la necesidad de
instrumentar mecanismos comunes que faciliten la respuesta coordinada y
solidaria a situaciones de emergencia, como en el caso del huracán Mitch que en
1998 azotó de manera violenta a diversos países, sobre todo del Istmo
Centroamericano, y el sismo ocurrido en El Salvador a principios de 2001.
Esto
se visualiza, por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, como la necesidad
de contar en la región latinoamericana con sistemas nacionales de protección
civil, que establezcan programas de prevención, auxilio y recuperación
adecuados a las necesidades e idiosincrasia de cada nación, institución de
redes nacionales y regionales de protección civil, así como una red regional de
telecomunicaciones e intercambio de información para el monitoreo de fenómenos
perturbadores y atención de emergencias.
5. ¿A dónde queremos
llegar?
Retos y Visión del Sistema
Nacional de Protección Civil
De
acuerdo al quinto Objetivo Rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el
Sistema Nacional de Protección Civil tiene como prioridad llegar a conformar un
sistema de protección civil preventivo, que integre a los tres sectores de
gobierno, población y sectores social y privado, fundamentado en un desarrollo
sustentable.
La
prevención, como parte sustantiva y fundamental de la protección civil ha
cobrado cada vez mayor importancia; en tal sentido, los retos del Sistema
Nacional de Protección Civil consisten en impulsar tareas de prevención que
actualmente presentan las siguientes dificultades:
Falta de información y
difusión, así como de una cultura de prevención entre la población;
Una capacidad reactiva del
Sistema Nacional de Protección Civil frente a las emergencias y un rezago en su
homogeneización;
Débil corresponsabilidad de
gobierno, población, y sector social y privado;
Excesivo centralismo en la
toma de decisiones y en la captación de la información;
Insuficiente reconocimiento
de que los efectos adversos de los desastres se concentran en la población más
pobre y en grupos vulnerables;
Débil articulación entre
los investigadores y el Sistema Nacional de Protección Civil;
Rezago en la
infraestructura para el monitoreo de fenómenos perturbadores y escasez de
información geográfica y sistematizada;
La falta de constitución
del 70% de las unidades de protección civil estatales y municipales;
Incipiente articulación de
los esfuerzos gubernamentales e institucionales;
Escasas opciones de
financiamiento para la atención y prevención de daños, y
El Fondo de Desastres
Naturales no ampara a los sectores informales en los que predominan los
extractos menos favorecidos de la población.
Para
responder estos retos el Sistema Nacional de Protección Civil, se ha planteado
como visión ser un órgano de excelencia en el diseño, desarrollo y aplicación
de acciones preventivas y de atención oportuna a emergencias, con la
participación de los sectores público, social y privado y de una población
consciente, capacitada y organizada, que se mantiene informada para enfrentar
posibles desastres, que confía en la autoridad y está dispuesta a colaborar
corresponsablemente para reducir la vulnerabilidad identificada y mitigar los
daños.
6. Código
de Ética del Sistema Nacional de Protección Civil
La acción de la protección
civil es universal, no se reconocen razas, credos, ideologías políticas o
partidistas, ni estrato social.
La protección civil tiene
un espíritu humanitario para salvaguardar a las personas, bienes, entorno y
cultura de los habitantes del territorio nacional.
La acción de la protección civil es
permanente, continua y se ubica por encima de intereses particulares.
La protección civil es abierta, incluyente
e imparcial.
El Sistema Nacional de Protección Civil
reconoce y respeta la soberanía y autonomía de estados y municipios, y orienta
sus acciones al fortalecimiento de un auténtico federalismo.
El Sistema Nacional de Protección Civil es
un espacio para la construcción de convergencias entre gobierno y población.
Con estas normas de actuación, el Sistema Nacional de Protección Civil
se alinea a los tres principios de este gobierno: humanismo, equidad y cambio;
y las tres políticas centrales de la nación: desarrollo incluyente,
sustentable, avanzado y moderno.
Los mexicanos y mexicanas que trabajamos para el Sistema Nacional de
Protección Civil, reconocemos como propio el Código de Ética del servidor
público:
Bien Común: Asumir
un compromiso irrenunciable con el bien común, entendiendo que el servicio
público es patrimonio de todos los mexicanos y mexicanas, que sólo se justifica
y legitima cuando se procura por encima de los intereses particulares.
Integridad:
Ceñir la conducta pública y privada, de modo tal que las acciones y palabras
sean honestas y dignas de credibilidad, fomentando una cultura de confianza y
verdad.
Honradez:
Nunca usar el cargo público para ganancia personal, ni aceptar prestación o
compensación de ninguna persona u organización que pueda llevar a actuar con
falta de ética en las responsabilidades y obligaciones.
Imparcialidad:
Actuar siempre en forma imparcial, sin conceder preferencias o privilegios
indebidos a persona alguna.
Justicia:
Ceñir los actos a la estricta observancia de la ley, impulsando una cultura de
procuración efectiva de justicia y de respeto al Estado de Derecho.
Transparencia:
Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que
imponga el interés público y los derechos de privacidad de particulares,
establecidos por la ley, así como el uso y aplicación transparente de los
recursos públicos, fomentando su manejo responsable y eliminando su indebida
discrecionalidad.
Rendición de Cuentas:
Proveer la eficacia y la calidad en la gestión de la administración pública,
contribuyendo a su mejora continua y a su modernización, teniendo como
principios fundamentales la optimización de sus recursos y la rendición de
cuentas.
Entorno Cultural y
Ecológico: Adoptar una clara voluntad de comprensión, respeto y
defensa por la preservación del entorno cultural y ecológico del país.
Generosidad:
Actuar con generosidad especial, sensibilidad y solidaridad, particularmente
frente a los chiquillos, las personas de la tercera edad, nuestras etnias y las
personas con discapacidad y en especial a todas aquellas personas que menos
tienen.
Igualdad:
Hacer regla invariable de actos y decisiones el procurar igualdad de
oportunidades para todos los mexicanos y mexicanas, sin distingo de sexo, edad,
credo, raza, religión o preferencia política.
Respeto:
Respetar sin excepción alguna la dignidad de la persona humana y los derechos y
libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para
todos y todas las mexicanas.
Liderazgo:
Promover y apoyar estos compromisos con ejemplo personal, abonando a los
principios morales que son base y sustento de una sociedad exitosa en una
patria ordenada y generosa.
7. Objetivos
Al
concluir el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales,
el Secretario General de las Naciones Unidas manifestó que “...ante todo debemos efectuar un viraje hacia una cultura en que
impere la previsión. Prevenir no sólo es más humano que remediar, sino también
mucho más económico. Ante todo, no debemos olvidar que la prevención de
desastres es un imperativo moral...” 4
En
ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, presentado a la Nación
por el Presidente de la República, reconoce la necesidad de privilegiar una
protección civil preventiva, sin menoscabo de la reactiva, como uno de los
elementos más accesibles para avanzar en la lucha contra las calamidades que
cada vez con mayor frecuencia, y con resultados crecientemente catastróficos,
afligen a nuestro país, como al resto del mundo.
Por
lo anteriormente expuesto, el Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006,
postula como sus objetivos centrales:
Consolidar los avances del
Sistema Nacional de Protección Civil imprimiendo una orientación mayormente
preventiva, fortaleciendo la participación social, avanzando en la mitigación
de los efectos de desastres naturales y antropogénicos.
Articular congruentemente
las políticas y acciones de las dependencias, entidades, organismos y sectores
integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para la prevención y
atención de emergencias, evitando acciones aisladas y dispersas que dificulten
una adecuada suma de esfuerzos.
Promover la implantación de
mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar con oportunidad a la
población y a las instancias que integran al Sistema Nacional de Protección
Civil sobre la presencia de fenómenos que amenacen su seguridad e integridad.
Generar una conciencia de
autoprotección y una actitud responsable por parte de la población expuesta a
los efectos de un fenómeno perturbador.
8. Estrategias Sectoriales
y Líneas de Acción
8.1 Mejorar la Eficacia
Preventiva y Operativa del Sistema Nacional de Protección Civil, y Unidades
Estatales y Municipales de Protección Civil
Entre
las acciones que se han ejecutado para el fortalecimiento de la capacidad
operativa de las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil, destaca
el Programa Trianual de Equipamiento a través del cual se transfirieron a las
32 entidades federativas un total de 112.3 millones de pesos, destinados a la
adquisición de equipos de cómputo, aparatos de radio y telecomunicación,
equipos de tareas y vehículos.
Las
unidades estatales y municipales de Protección Civil, disponen actualmente de
una infraestructura de recursos del orden siguiente:
Una red de cómputo de 394
equipos;
Un sistema de
radiocomunicación de 1,236 equipos;
Parque vehicular de 574
unidades;
Plantilla de personal de
1,087 servidores públicos;
En 21 entidades federativas
disponen de instalaciones para la habilitación de refugios temporales en caso
de emergencia, y
1,451 municipios cuentan
con Unidades de Protección Civil.
En
este sentido, y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 el
Sistema Nacional de Protección Civil para esta estrategia, establece líneas de
acción en dos vertientes:
Líneas de acción orientadas
a mejorar la eficacia preventiva del Sistema:
El equipamiento adecuado de
las Unidades de Protección Civil de las 32 entidades federativas y de los cerca
de 300 municipios incorporados al Programa de 100 Ciudades de SEDESOL.
Esta acción pretende imprimir un impulso
decisivo a la protección civil en entidades federativas y municipios, mediante
la dotación de equipo moderno, actualizado y homogéneo. Para culminarla, es
preciso actualizar el diagnóstico de las unidades participantes, establecer
parámetros que homogenicen el equipamiento y su utilización; realizar compras
consolidadas que permitan el abatimiento de costos y el máximo aprovechamiento
de los recursos; y prever procesos de actualización y mantenimiento periódicos.
Modernizar los sistemas de
monitoreo y alertamiento, así como los sistemas de información y
comunicaciones.
Con esta acción se pretende promover e
implantar los mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar con
oportunidad a la población y a las instancias que integran al Sistema Nacional
de Protección Civil, sobre la presencia de fenómenos que amenacen su seguridad,
así como establecer canales de comunicación redundantes y seguros enfocados a
la prevención de desastres y mitigación de riesgos.
Construcción y equipamiento
de un inmueble propio para la Protección Civil Mexicana.
Con esta acción se busca optimizar el
desarrollo de los programas y acciones de la protección civil mexicana,
mediante la convocatoria a los distintos grupos y sectores para sumarse a las
tareas de financiamiento, diseño y construcción de este proyecto. Se
desarrollará a partir de la instalación de la Comisión Consultiva y de
Participación Social para la Protección Civil, y del establecimiento de un
grupo de trabajo para su desarrollo.
Homologación de planes
específicos por fenómeno perturbador entre los estados y municipios.
Esta acción deberá involucrar a las
dependencias federales, estatales y municipales en las etapas de prevención,
auxilio y recuperación; lo cual permitirá mejorar la coordinación y
consolidación de acciones dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.
Asesorar y apoyar la
integración y funcionamiento de Unidades y Consejos de Protección Civil, en
todos los municipios del país.
Desarrollar e implantar
sistemas informáticos eficientes y confiables que faciliten el almacenamiento,
consulta y análisis de información para la oportuna y adecuada toma de
decisiones en actividades de prevención, auxilio y recuperación.
Revisar y adecuar las
Reglas de Operación del FONDEN para utilizar el equipo adquirido con cargo a
ese Fondo antes de la ocurrencia de un evento, ya que la oportunidad puede
mitigar sus efectos.
Líneas de acción orientadas
a mejorar la eficacia operativa del Sistema:
Estrechar los lazos de
coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, con el fin de
incrementar la oportunidad en la respuesta hacia la población en casos de
emergencia.
Durante las épocas de
lluvia, será necesario que la Comisión Nacional del Agua intensifique el
monitoreo de los cuerpos de agua, y proporcione dicha información a la
Secretaría de Gobernación, a modo de llevar a cabo el alertamiento temprano de
comunidades afectables.
Revisar los planes de
atención a la salud en casos de desastre hidrometeorológico, con un particular
énfasis en el control de calidad de agua potable, así como en la vigilancia
epidemiológica correspondiente, incrementando el número de plantas portátiles
potabilizadoras de agua, a fin de poder garantizar la dotación suficiente.
Promover y propiciar la
capacitación y profesionalización de los cuerpos de respuestas a emergencias del
país, privilegiando las acciones preventivas, aprovechando para ello la
experiencia de instituciones como el Centro de Capacitación y Adiestramiento
(CENCAD) de Cruz Roja Mexicana.
Analizar y proponer
soluciones, para el equipamiento de los Cuerpos de Bomberos del país, que
podrían enmarcarse en los Convenios Únicos de Desarrollo Social que
regularmente suscriben la Federación y los Estados.
Promover ante los gobiernos
estatales y municipales la posibilidad de reubicar a sus cuerpos de bomberos,
en el organigrama y regulación correspondiente a modo de que dejasen de
depender de las áreas de seguridad pública, enmarcándolas en las de protección
civil, de tal forma que tengan el peso específico y la importancia que por las
características de sus acciones, les corresponde.
De esta forma, se podría profesionalizar
a estos servidores públicos y ofrecerles mejores condiciones de vida y
seguridad, puesto que es un hecho, que la mayor parte de los recursos asignados
a la seguridad pública se destinan a la capacitación y equipamiento de las
policías, dejando de lado a estos otros cuerpos, cuya existencia es una
necesidad insoslayable
en la actualidad.
Impulsar la capacitación,
evaluación y certificación de los cuerpos de atención médica prehospitalaria,
orgánicos y voluntarios, en los tres niveles de gobierno.
Generar un sistema de
profesionalización y certificación de la experiencia, conocimientos y
habilidades de los cuerpos de respuesta en emergencia y grupos voluntarios.
Fomentar el intercambio de
conocimientos, experiencias y apoyos con otros países y organismos
internacionales para mejorar la eficacia operativa y preventiva del Sistema
Nacional de Protección Civil.
Promover la elaboración y
emisión de un reglamento del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) en
el que se establezcan objetivos, estructuras, responsabilidades institucionales
y de grupo, fuentes de financiamiento y los alcances durante las etapas de
normalidad, emergencia y recuperación.
Promover en el Marco del
Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), la modernización de las
instalaciones del Centro del Control de Emergencias; así como la capacitación y
actualización permanente del personal para responder a las necesidades
derivadas de alguna contingencia.
8.2
Identificar y Mejorar el Conocimiento de Amenazas y Riesgos
Desde
su creación, el Sistema Nacional de Protección Civil estableció como una de sus
prioridades, el conocimiento y análisis de las condiciones generadoras de
riesgo en el territorio nacional, como el medio más accesible para planear y
organizar las estrategias y acciones encaminadas a la seguridad de la
población. Así nació el Atlas Nacional de Riesgos, que al paso del tiempo ha
evolucionado, hasta la presentación actual en disco compacto con la
denominación de Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos en México.
Actualmente,
se requiere avanzar de manera decidida en esta estrategia, diseñando,
estructurando y materializando un Sistema de Información Geográfica que tenga
un énfasis en la prevención utilizando tecnologías modernas de información y
con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, así como de los
sectores social y privado de la población.
Líneas de acción:
Con apego al Atlas Nacional
de Riesgos, ampliar los estudios existentes o en vías de realización,
involucrando a los gobiernos estatales y municipales de las zonas afectables; a
las universidades e instituciones de educación superior; a los colegios y
asociaciones de profesionales; y particularmente a las áreas de protección
civil y de desarrollo urbano.
Promover, con la
concurrencia de las autoridades educativas, de las universidades e
instituciones de educación superior, y de los colegios y asociaciones de
profesionales del país, el estudio de disciplinas tales como hidrología,
meteorología, geofísica, sismología y vulcanología y en general de las ciencias
de la tierra, a efecto de que se cuente a mediano plazo, con recursos humanos
altamente calificados, que coadyuven en el estudio científico y la solución de
esta problemática del país.
Promover el estudio y
conocimiento de los fenómenos socio-organizativos para poder actuar sobre
ellos, minimizando el riesgo de encadenamiento de calamidades que pudieran ser
causadas por un fenómeno sísmico, el manejo de materiales peligrosos o una
inundación, por mencionar sólo algunos ejemplos.
8.3
Promover la Reducción de la Vulnerabilidad Física
La
regulación de los asentamientos humanos, las edificaciones y uso del suelo, son
responsabilidades que atañen a la esfera de competencia de las legislaturas
locales y de los cabildos, en tanto que la aplicación de los ordenamientos
pertenece al ámbito de los ejecutivos estatales y municipales.
En
este sentido, como parte de esta estrategia se fomentará el desarrollo y
aplicación de reglamentos y normas de construcción más estrictos que contengan
los requisitos mínimos de seguridad estructural y normas de diseño para las
construcciones del país y se evaluará la vulnerabilidad de la infraestructura
pública y privada.
Líneas de acción:
Promover con fundamento en
el Atlas Nacional de Riesgos, la estructuración, adecuación y/o actualización
de planes de desarrollo urbano municipal, con un énfasis particular en este
tipo de problemática, considerando en ellos:
La actualización y homologación de los
marcos jurídicos aplicables;
La reubicación de las comunidades que
afrontan estas condiciones de riesgo, promoviendo una amplia y comprometida
participación social, tanto en su diseño, como en su instrumentación, y
La gestión de recursos suficientes para la
adecuada instrumentación de dichas propuestas.
Promover la inclusión de
obras preventivas en los Programas Operativos Anuales de las dependencias y
entidades federales, gobiernos estatales y municipales.
Revisar e instrumentar programas
de protección civil para presas de alto riesgo, así como planes para
emergencias hidráulicas, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional del Agua,
y la Comisión Federal de Electricidad.
Elaborar de manera
conjunta, con las Secretarías de: Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, e Instituto Nacional de Ecología, así como de las Cámaras
Industriales, un padrón de las empresas que manejan materiales y residuos
peligrosos, y promover con ellas, la adopción de Programas de Prevención de
Accidentes, que garanticen la seguridad de la población.
Impulsar el Sistema
Nacional de Emergencia en Transportación de Materiales y Residuos Peligrosos,
en los términos de la reglamentación correspondiente conjuntamente con las
Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Petróleos Mexicanos, la Asociación Nacional de la Industria Química,
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Cámara Nacional
del Autotransporte de Carga.
Gestionar ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos presupuestales
necesarios para la edición y distribución masiva de la Guía de Respuestas
Iniciales en Caso de Emergencias Ocasionadas por Materiales Peligrosos, así
como promover acciones de capacitación, tanto de los cuerpos de respuesta de
emergencias, como de los transportistas.
Promover conjuntamente con
las Cámaras Industriales y la Asociación Nacional de la Industria Química, la
capacitación y promoción en empresas, a efecto de estructurar nuevos Comités
Locales de Ayuda Mutua (CLAM's) conformando y difundiendo, entre las unidades
locales de protección civil, el directorio correspondiente.
Promover la creación y
operación de sistemas de información y teléfonos para consulta y reporte de
emergencias, a los que la población pueda acudir y obtener los servicios
necesarios para la garantía de su seguridad.
Promover la creación de una
base de datos, con la que se lleve el registro estadístico de calamidades,
ubicación, conformación y estado que guarden las instalaciones, redes y ductos de
gas; instalaciones y complejos industriales; redes de distribución y venta de
combustibles y lubricantes, a modo de prevenir y actuar de manera ordenada ante
este tipo de calamidades.
8.4 Fomentar la Corresponsabilidad,
Coordinación y Comunicación entre los Tres Órdenes de Gobierno, Sectores Social
y Privado y Población en General
El
marco institucional del Sistema comprende tres tipos de estructuras
complementarias y sus correspondientes relaciones funcionales: la ejecutiva, la
consultiva y la de participación social.
La
primera la conforman las dependencias y entidades de la administración pública,
la segunda los consejos de protección civil, y la tercera los grupos
organizados de la sociedad, que colaboran en las actividades de protección
civil.
La
diversidad de los integrantes de los ámbitos federal, estatal y municipal
involucrados en el Sistema, obliga a definir con precisión los mecanismos de su
interrelación, entre los cuales se cuentan compromisos de participación con
definición clara de responsabilidades y criterios de interacción; programas
específicos para garantizar el ordenamiento y la coherencia de las acciones de
los diversos participantes en el Sistema; y métodos y procedimientos para que la
ejecución de tales acciones se apegue a lo programado.
Una
adecuada coordinación, derivará en la reducción de duplicidades y por ende de
costos, logrando con ello mayores niveles de eficiencia. El logro de lo
anterior, implica consolidar las estructuras del Sistema, para que con pleno
respeto a las soberanías estatales y a las autonomías municipales, se cuente
con una organización más eficiente en sus acciones, más profesional, tanto en
su personal como en su funcionamiento, más articulada en lo que toca a sus
diversos elementos integrantes, y que propicie el acceso de toda la población a
condiciones seguras y niveles equiparables de protección.
En
esta estrategia se propone la actualización del Manual de Organización y
Operación del Sistema Nacional de Protección Civil para precisar la forma,
alcances y modalidades de actuación de las dependencias de la Administración
Pública Federal, y de coordinación y concertación entre éstas y los gobiernos
estatales y municipales y los sectores social y privado, y fomentar el
permanente y adecuado funcionamiento de los Consejos de Protección Civil,
nacional, estatal y municipal, y a través de ellos, inducir la participación de
la población en su conjunto, en la búsqueda de su propia seguridad ante la
ocurrencia de calamidades.
Líneas de acción:
Verificar que las
dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, incorporen en
el capítulo correspondiente a sus programas operativos anuales, las metas
correspondientes a los apartados de prevención, auxilio y recuperación,
asignando las partidas específicas dentro de los presupuestos anuales.
Promover ante el Congreso
de la Unión y los Congresos Locales de las entidades federativas el análisis y adecuación
de la Ley General de Protección Civil y de las legislaciones locales, así como
promover la elaboración del reglamento de la Ley General.
Considerar la inscripción
de la protección civil en los rubros de bienestar social en los programas de
gobierno. En este sentido, los apartados correspondientes deberán mantener
vigente el respeto irrestricto a la soberanía de los estados y la autonomía de
los municipios, cuya observancia ha sido norma permanente de conducta de la
Secretaría de Gobernación, como responsable de coordinar los esfuerzos del
Sistema Nacional de Protección Civil.
Incorporar a los planes de
vivienda, alimentación, salud, educación, ecología y desarrollo urbano y rural de
los tres órdenes de gobierno, capítulos específicos de protección civil.
Reforzar el desarrollo de
la estructura institucional de la protección civil, mediante la aplicación de
los elementos técnico-normativos de la protección civil mexicana, editados y
distribuidos por la Secretaría de Gobernación.
Proponer a los gobiernos
municipales una “Estructura
Organizacional Tipo”, con la definición y perfil de cada uno de sus
puestos, acordes al marco de coordinación del Sistema Nacional de Protección
Civil.
Proponer la incorporación
de la protección civil en los ordenamientos jurídicos municipales, mediante un
proyecto de reglamento modelo, para fortalecer la homogeneidad del Sistema
Nacional de Protección Civil.
Promover la incorporación
del capítulo de la protección civil, a los trabajos enmarcados en los convenios
únicos de desarrollo social, de forma que la responsabilidad y el
financiamiento compartidos de los mismos, deriven en el armónico desarrollo de
estructuras y proyectos encaminados a garantizar la seguridad de las personas
en el ámbito municipal y estatal.
Regular la creación, registro
y operación de grupos voluntarios dedicados a la atención de emergencias, así
como la certificación de competencias y habilidades de los integrantes de estos
grupos.
Actualizar el Manual de
Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil para precisar
la forma, alcances y modalidades de actuación de las dependencias de la
Administración Pública Federal, y de coordinación y concertación entre éstas y
los gobiernos estatales y municipales y los sectores social y privado.
8.5 Fortalecer la
Investigación Aplicada. Desarrollar o Mejorar la Tecnología para la Mitigación y
Recuperación
A
este respecto, se llevarán a cabo proyectos de investigación básica y aplicada,
así como de desarrollo tecnológico, particularmente sobre los fenómenos y las
medidas para reducir sus efectos y se establecerán y operarán sistemas de
alerta temprana para los diferentes fenómenos naturales que afectan al país.
Se
reforzará y modernizará la Red Sísmica Mexicana, se desarrollará un sistema de
alertamiento para las comunidades aledañas al Volcán Popocatépetl; se
instalarán sistemas de alerta hidrometeorológica en 20 ciudades consideradas de
mayor riesgo por inundación y se extenderá el actual Sistema de Alerta Temprana
a otros eventos extremos.
A
este respecto, conviene destacar el Programa Especial de “Prevención y Mitigación del
Riesgo de Desastres 2001-2006”, en el que se contienen los principales
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, difusión y capacitación que
se consideran necesarios para contribuir a la reducción del efecto de los
desastres sobre la población y su entorno.
La
estrategia de este Programa Especial, se basa en la realización de estudios y
proyectos de carácter multidisciplinario enfocados a diagnosticar los peligros
y riesgos a los que está sujeto nuestro país, a reducir la vulnerabilidad
frente a los principales fenómenos perturbadores, así como a fortalecer una
cultura de autoprotección.
Líneas de acción:
Elaborar e implantar un
Programa Especial de Protección Civil para Sismos, que incluya estrategias,
proyectos y procesos encaminados a la prevención y mitigación del riesgo, a la
atención de la emergencia, a la recuperación y reconstrucción, así como a la
vinculación social.
Este programa supondrá una coordinación
de esfuerzos de modo que los recursos financieros, materiales y humanos se usen
de manera óptima evitando duplicidades. Pretenderá además, generar las
condiciones necesarias para que a partir de una corresponsabilidad establecida
con los tres ámbitos de gobierno, organizaciones públicas y sector privado, se
apliquen en beneficio de toda la sociedad medidas de prevención y mitigación
del riesgo sísmico.
Concluir los trabajos de
modernización de las redes de observación sísmica en México, para integrarlos
en una Red Sísmica Mexicana, con recursos suministrados por la Federación por
conducto de la Secretaría de Gobernación, que en coordinación con el CENAPRED,
la UNAM y el CIRES, en lo futuro se pueda contar con información confiable y
oportuna de los movimientos sísmicos que cotidianamente se registran en el
territorio nacional.
Gestionar la obtención de
recursos financieros suficientes para que el CENAPRED, con la concurrencia de
la UNAM, proceda al equipamiento y monitoreo permanente de los volcanes activos
del país, a efecto de elaborar los mapas de riesgos correspondientes, y
proceder al trabajo preventivo necesario.
Promover el mejoramiento
del Sistema de Alerta Sísmica desarrollado por el Centro de Registro Sísmico,
A.C., patrocinado por la Asociación “Javier Barros Sierra”.
8.6 Implantar una Política
y Cultura de Autoprotección
Generar
y consolidar una cultura de protección civil, entendida como la adopción
individual y colectiva de una conciencia de la prevención, requiere de procesos
integrales y continuos de educación, que faciliten el aprendizaje de nuevas
aptitudes y la puesta en práctica de nuevas actitudes.
Aun
cuando la generación de una cultura de protección civil es tarea de todos, con
demasiada frecuencia se cuestiona a las autoridades de la protección civil no
haber sido capaces de crear dicha cultura, sin hacer una mínima reflexión sobre
el particular.
Valdría
la pena hacer un cuestionamiento a ese respecto: ¿cuántas veces en su vida, una
persona se ve afectada de manera directa por un desastre? Para la generalidad
de las personas, un desastre es un evento remoto, del que comúnmente se tiene
noticia a través de los medios de comunicación, formándose la imagen de que
aquello pasa en otro ámbito distante y distinto al propio.
Esta
estrategia debe revestir las características de ser permanente y de largo
aliento, ya que la adquisición y consolidación de una cultura de protección
civil es algo que los especialistas y estudiosos del tema visualizan como un
proceso transgeneracional.
El
esfuerzo debe ser integral, para que en todos los aspectos de la vida cotidiana
de las personas se incorporen nociones preventivas y de actuaciones seguras, a
modo que los individuos adquieran aptitudes y practiquen actitudes que
consoliden la cultura de protección civil.
Para
tal propósito se desarrollarán amplias y permanentes campañas de difusión sobre
fenómenos, riesgos, y de medidas de preparación, fomentando la adquisición de
hábitos de respuesta en la población que ayuden a minimizar sus efectos y la
creación de una conciencia individual, familiar y social de la autoprotección.
Líneas de acción:
Promover la creación del
Colegio Nacional de Protección Civil, como instancia en la que se impartan
cursos teóricos, prácticos y de especialización que otorgando el nivel y la
certificación de estudios adecuados, forme cuadros de profesionales en
protección civil. Asimismo, el Colegio deberá supervisar y certificar las
capacidades de empresas y grupos que actualmente de manera empírica, ofrecen y
comercializan servicios de asesoría, capacitación, rescate y atención
paramédica.
Promover el establecimiento
del servicio civil de carrera en materia de protección civil.
Elaborar e implementar las
Normas Oficiales Mexicanas que permitan certificar en competencia y habilidad a
los integrantes de las unidades de protección civil de los tres niveles de
gobierno.
Elaborar e implementar las
Normas Oficiales Mexicanas que permitan certificar en competencia y habilidades
a los directivos e instructores de empresas que se dediquen o pretendan
dedicarse a la capacitación y asesoría en protección civil.
Proponer el establecimiento
de una partida específica derivada del Fondo de Desastres Naturales, para la
capacitación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en
prevención y mitigación de desastres.
Incorporar la materia de
protección civil a los planes de estudio de todos los niveles educativos.
Realizar eventos de
capacitación de carácter masivo, en el ámbito local y federal, en los cuales se
procure llevar conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de conductas
de autocuidado y autopreparación, al mayor número de personas posible.
Elaborar, estructurar y
promover campañas de comunicación social con temas genéricos y específicos, con
alcance nacional, regional y local, que integren las experiencias exitosas de
organismos como la Cruz Roja Mexicana que cuenta con programas dirigidos a la
comunidad sobre identificación y protocolo de las vulnerabilidades.
Promover y fomentar en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los poderes
Legislativo y Judicial, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito
Federal y en los sectores social y privado la práctica cotidiana de simulacros.
Convocar la participación
de empresas productoras y/o comercializadoras de bienes y servicios, para que
incluyan en su propaganda, mensajes e información en materia de protección
civil, cuyo destinatario será el público consumidor.
Promover la realización de concursos sobre tema de prevención y de
protección civil de carteles, pintura, composiciones musicales y
literarias, entre otros, dirigidos a toda la sociedad y en especial a la
población estudiantil.
Convenir con las Unidades
Estatales y Municipales los contenidos, las formas y estrategias de divulgación
del material de difusión en el marco de la prevención.
Convocar a foros de
consulta, congresos, talleres y simposia, para el análisis y discusión de temas
de protección civil, que fomenten la participación social y la instrumentación
social de sus acuerdos y conclusiones.
8.7 Desarrollar y Procurar
Apoyos Técnicos y Financieros para la Mitigación y Recuperación
A
este respecto deben ser sondeadas nuevas opciones, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, para financiar acciones encaminadas a la mitigación y
recuperación, así como a la adquisición de tecnologías que las sustenten.
Por
otro lado, se revisarán y adecuarán las Reglas de Operación del Fondo de
Desastres Naturales para facilitar el acceso a los recursos disponibles por el
Gobierno Federal, para mitigar los daños provocados por desastres, y se
promoverá la creación de fondos para la prevención de desastres.
Asimismo,
se buscará desarrollar modelos financieros administrativos alternos para la
óptima cobertura de la infraestructura pública contra desastres, que garanticen
su viabilidad económica y reduzcan sus costos.
Líneas de acción:
Promover la creación de
fondos específicos con recursos aportados por los sectores de la población, o
con ingresos fiscales que financien acciones preventivas de protección civil y
amplíen el marco de participación y corresponsabilidad en dichas acciones.
Propiciar el financiamiento
conjunto, tanto vertical como horizontal, de proyectos especiales de protección
civil y con particular énfasis de aquéllos tendientes a coadyuvar al desarrollo
seguro de las comunidades.
Sondear fuentes alternas de
financiamiento representadas por la venta de productos o servicios que,
recuperando los costos estrictamente indispensables, permitan disponer de
recursos adicionales que incrementen la solidez y el impacto de las acciones de
protección civil.
Procurar ante las
autoridades fiscales, la exención impositiva en actividades de protección
civil, que faciliten el acceso de materiales, recursos y servicios necesarios
para el desarrollo de acciones preventivas de atención y recuperación.
Promover la asignación de
los recursos financieros necesarios para el adecuado desarrollo e
instrumentación de acciones de protección civil, creando las partidas
presupuestales que se requieran y verificando su correcta y transparente
aplicación.
Promover a través de
campañas específicas la aportación de recursos por parte de los sectores
privado y social, para el desarrollo y aplicación de programas de prevención y
protección civil.
8.8 Ejercer los Recursos
del FONDEN Procurando dar Atención a los Grupos más Vulnerables de la Población
El
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) de conformidad con sus Reglas de
Operación, tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales
imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad de respuesta de las
dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas. El
FONDEN es, por lo tanto, un complemento de las acciones que deben llevarse a
cabo para la prevención de desastres naturales.
Con
esta estrategia se busca incrementar la sensibilidad social respecto de los
grupos más vulnerables de la población, e incorporar alternativas de
financiamiento a través del FONDEN para desarrollar planes, programas y
acciones orientados específicamente a niños, mujeres, tercera edad, personas
con capacidades diferentes y estratos menos favorecidos de la población que le
permitan contar con elementos que hagan posible elevar su actual calidad de
vida y conservar su integridad en casos de emergencia.
Líneas de acción:
Revisar y adecuar las
Reglas de Operación del FONDEN, con el propósito de desarrollar e implementar
planes y programas específicos de prevención y protección civil para los grupos
más vulnerables y los estratos menos favorecidos de la población.
Evaluar el impacto
socio-económico de los desastres sobre los grupos más vulnerables de la
población y desarrollar a través del FONDEN, modelos financieros de asignación
prioritaria de recursos para la mitigación de sus efectos.
Promover a través del
FONDEN, el desarrollo de esquemas financieros que con la participación de los
gobiernos estatales y municipales permitan el establecimiento de reservas
estratégicas de bienes y artículos destinados a la atención prioritaria de los
grupos más vulnerables y estratos menos favorecidos de la población.
Revisar y promover reformas
a la legislación aplicable y las Reglas de Operación del FONDEN para utilizar
recursos de este fondo en la construcción de obras preventivas sustentadas en
dictámenes técnicos que al efecto emitan las dependencias federales
correspondientes.
Promover la incorporación
prioritaria de los estratos menos favorecidos de la población en los Programas
de Empleo Temporal (PET) financiados con recursos del FONDEN, tanto en aquéllos
orientados a la realización de obras preventivas, como a la recuperación de la productividad
y de la infraestructura afectada por un desastre.
9. Financiamiento y
Evaluación del Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006
La
Ley General de Protección Civil establece que la política pública de protección
civil “...tendrá como propósito esencial
promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado de los órdenes
locales de gobierno,” y reconoce al Sistema Nacional de Protección Civil
como al “...conjunto orgánico y
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que
establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las
organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las
autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar
acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población, contra los
peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre”.
En
tal orden de ideas, y en tanto que el Programa Nacional de Protección Civil
2001-2006 pretende ser el documento rector que guíe el quehacer cotidiano de
las dependencias y entidades que integran al Sistema Nacional de Protección
Civil durante ese periodo, sus líneas de acción se traducirán en proyectos y
procesos específicos que darán forma y contenido a los Programas Operativos
Anuales de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de
Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres; instancias
federales responsables de la conducción y coordinación del Sistema Nacional de
Protección Civil, y del desarrollo de tecnologías para la prevención y
mitigación de desastres, respectivamente.
Asimismo,
se promoverá que en los Programas Operativos de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los
municipios, se incorporen acciones que tiendan al cumplimiento de las
estrategias y líneas de acción previstas en el Programa Nacional de Protección
Civil 2001-2006, bajo la premisa de que gran parte de éstas deben alcanzarse de
manera conjunta y coordinada con diversas instancias.
Adicionalmente,
se hará la revisión de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales
para analizar la posibilidad de destinar parte de los recursos remanentes al
desarrollo de acciones preventivas que permitan alcanzar el cumplimiento de las
estrategias planteadas; y se realizará un intenso trabajo de concertación con
los gobiernos locales para la constitución de fondos específicos para el
financiamiento de acciones de prevención tanto organizacionales como de
infraestructura y equipamiento.
Paralelamente
al conjunto de acciones enunciadas, es preciso establecer un sistema de
seguimiento y evaluación de los resultados de cada una de las actividades del
Sistema Nacional de Protección Civil; lo que supone:
Establecer normas y
mecanismos tanto de medida como de carácter correctivo.
Desarrollar un
sistema de evaluación del logro de los objetivos.
Definir un
conjunto de indicadores para medir el avance en el desarrollo de los programas.
Aplicar
esquemas para su mejora continua.
Fortalecer los
mecanismos de participación social y rendición de cuentas.
Fecha de Publicación: 20 de septiembre de 2002
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